Desde 1884 se encontraba sometido el país a la férrea dictadura del
General Porfirio Díaz, que cada cuatro años venía siendo reelegido en la
Presidencia, por medio de unos comicios sólo legales en la apariencia,
cuando en 1910 se halló frente a una revolución dirigida por Francisco
I. Madero, la que enarbolando el lema de "sufragio efectivo y no
reelección", en mayo del año siguiente lo obligó a dejar el poder. En 15
de octubre se celebraron elecciones bajo un gobierno provisional y
designado Madero Presidente de la República, el día 6 de noviembre entró
a ocupar dicho alto cargo.
Los partidarios del ex presidente Díaz, unidos a los descontentos de la
nueva situación, tramaron una sedición que se produjo en los cuarteles
de la capital, en 9 de febrero de 1913, en la que murió el General
Villar, Comandante Militar de la plaza; y el General Victoriano Huerta,
que le sucede, traiciona a Madero y lo hace morir asesinado el día 20 de
dicho mes, usurpando acto seguido la Presidencia. Pocos días después, el
4 de marzo, Woodrow Wilson ocupa la Presidencia de los Estados Unidos y
el día 12 declara públicamente que no está dispuesto a reconocer al
gobierno de Huerta, por ser producto de una usurpación; reiterando
después, en diversos discursos, entre otros el que pronunció en Mobila
en 27 de octubre, su negativa a justificar la iniquidad y a reconocer
los gobiernos manchados de sangre.
No tardó Huerta en verse obligado a su vez, a tener que hacer frente a
otra revolución de la que fué primer jefe Venustiano Carranza; y como el
Presidente Wilson le ofreciera sus buenos oficios para poner término a
la lucha, tal mediación fué rechazada. Al mismo tiempo que realizaba
Wilson esta gestión, daba otro paso, que constituyó un verdadero aliento
para el carrancismo, fundándose en que los dos bandos en lucha no eran
más que dos facciones: permitirle en las mismas condiciones que al
gobierno de Huerta la importación de pertrechos de guerra. En esta
situación ocurre el incidente que pasamos a referir.
En la mañana del día 9 de abril del año 1914, encontrándose anclado en
aguas de Tampico el crucero "Dolphin", varios de sus tripulantes, que se
encontraban en tierra adquiriendo provisiones, fueron detenidos por las
autoridades huertistas. Hora y media después eran puestos en libertad,
con todo género de excusas y satisfacciones; pero el Almirante Mayo
exigió algo más: pidió que la bandera norteamericana fuese saludada con
veintiún cañonazos, y como el General Huerta se negara a realizar dicho
saludo, el día 20 del citado mes el Presidente Wilson solicita y obtiene
del Congreso la debida autorización, "para usar la fuerza armada de los
Estados Unidos con el objeto de obtener del General Huerta y de sus
partidarios, el más completo reconocimiento de la dignidad y de los
derechos de los Estados Unidos". No tardó el Presidente Wilson en hacer
uso de esta autorización. Puso en movimiento inmediatamente algunas
unidades navales y al día siguiente, tras un encarnizado combate en que
ocurrieron abundantes bajas de ambas partes, las fuerzas del Almirante
Fletcher ocuparon la ciudad de Veracruz.
Una vez ocurrida dicha ocupación y como no dieran trazas las fuerzas
norteamericanas de abandonar la plaza, el Presidente Wilson, a fin de
satisfacer la curiosidad pública, ávida de enterarse de sus propósitos,
declaró que tal acto no constituía ningún ultraje a la nación mejicana,
sino una represalia a la persona de Victoriano Huerta, que gratuitamente
había provocado un conflicto con los Estados Unidos.
Esta declaración no satisfizo a la opinión mejicana, la que desde un
principio juzgó aquel acto como una violación de las leyes
internacionales y un ultraje a la dignidad de la nación. Por momentos la
situación se hacía más difícil y cuando parecía inminente que habría de
sobrevenir un estado de guerra, los embajadores de la Argentina, Brazil
y Chile ante el Gobierno de Washington, le ofrecen su mediación a éste y
a las facciones de Huerta y Carranza, para arreglar los conflictos
internos de Méjico, así como las diferencias entre esta República y la
de los Estados Unidos.
Aceptada dicha mediación, por todos menos por Carranza, que no quiso
someterse a la condición que se le impuso de suspender las hostilidades,
en 20 de mayo de 1914 se reunieron en Niágara Falls, Ontario, los
referidos diplomáticos, los representantes del gobierno de Washington y
los del General Huerta. Apenas iniciada la conferencia, y convencidos
sus miembros de que mientras perdurase el conflicto mejicano, no se
retirarían de Veracruz las fuerzas norteamericanas, adoptaron un acuerdo
que suponía la remoción del verdadero obstáculo que se oponía a la paz:
la presencia de Huerta en el poder. El 12 de junio, con efecto, de hecho
quedó pactada la caída de Huerta, al consignarse entre los acuerdos de
la conferencia, el de que se reconocería en la ciudad de Méjico un
gobierno cuyo carácter se definiría después y que perduraría hasta que
fuese inaugurado un Presidente constitucional.
Ante este acuerdo, tuvo Huerta que ceder. El día 15 de julio presentó su
renuncia al Congreso, ocupando la Presidencia, provisionalmente,
Francisco Carvajal, hasta el día 2 de agosto, en que entraron en la
capital las fuerzas constitucionales y desde cuya fecha Venustiano
Carranza asumió aquel cargo. A mediados del mes siguiente, se retiraron
las tropas norteamericanas que ocupaban a Veracruz.
Año y medio después vuelven a ser tirantes las relaciones entre las dos
repúblicas. En 10 de enero de 1916, el bandido Pancho Villa, alzado en
armas contra el gobierno de Carranza y que por lo visto quería provocar
la intervención de los Estados Unidos, asalta un tren en Santa Isabel,
cerca de Chihuahua, dando muerte a catorce viajeros de nacionalidad
norteamericana. Este suceso produjo honda indignación en los Estados
Unidos. Gran parte de la opinión acusó directamente al Presidente Wilson
como responsable del mismo, por no haber actuado, por haber adoptado la
política que se llamó "de la espera-paciente" ("watchfull waiting"). Fué
el ex presidente Roosevelt de los que con más rudeza atacó a Wilson, no
explicándose la conducta de la administración al negarse a intervenir en
los asuntos de Méjico, so pretexto de que la defensa de los _dollars_
invertidos por los americanos en dicha República, no ameritaba el
sacrificio de la vida de un solo soldado. Contribuía a excitar aún más
la opinión, el hecho de que el Gobierno de Carranza no diera trazas de
preocuparse en perseguir a los bandidos que con sus continuas
depredaciones mantenían sobresaltadas las poblaciones americanas
inmediatas a la frontera.
Pronto se vió obligado, sin embargo, el Presidente Wilson, a abandonar
su política del "watchfull waiting". El día 9 de marzo atraviesa Villa
la frontera al frente de unos mil hombres y asalta el pueblo de
Columbus, Estado de Nuevo Méjico, asesinando a muchos de sus moradores y
causando otros estragos, y al día siguiente el Presidente reúne su
gabinete y se acuerda enviar a Méjico un contingente militar con objeto
de poner término a las incursiones de los bandidos. Tanto el Presidente,
como el Secretario de la Guerra, declararon que los fines de la
excursión habían de ser exclusivamente punitivos y que se guardarían los
debidos respetos para la soberanía mejicana. No tardó el Congreso en
respaldar la actitud del Ejecutivo, al autorizar a éste para movilizar
el número de soldados que fuesen necesarios, no sin hacer también la
salvedad, de que tal acción no habría de significar, en modo alguno, el
deseo de intervenir en los asuntos domésticos de la vecina república.
Al enterarse Carranza del envío de la expedición, le hizo saber al
Gobierno de Washington que no la consideraba justificada, ni toleraría
la invasión, a menos que a su gobierno se le reconociera el mismo
derecho, en análoga situación. Carranza al enviar esta nota, que fué
depositada en la Cancillería americana por medio de su Agente
Confidencial, sólo quiso, según explicó después, hacerle ver al
Presidente Wilson, que estaba dispuesto a entrar en negociaciones para
autorizar la expedición sobre aquella base de reciprocidad; pero Wilson
le dió otro alcance a dicha nota, la tomó como una oferta de aceptar
desde luego la invasión, siempre que a su gobierno, en idéntica
situación, se le reconociera igual derecho; de ahí, que a los dos días
de haberle contestado al Presidente mejicano que aceptaba aquella
propuesta, la expedición penetraba en territorio azteca. El entonces
Brigadier Pershing, marchó al frente de la invasión y el Mayor General
Funston quedó en la frontera, para dirigir desde ella las operaciones.
Apenas ocurrió este hecho, el Presidente Carranza le pidió al gobierno
de los Estados Unidos que retirase la expedición. Para tratar de este
asunto se celebraron conferencias en El Paso por el mes de mayo, entre
representantes de las dos naciones, pero no obstante los esfuerzos que
se realizaron, no se obtuvo acuerdo alguno. Carranza se mantuvo en su
actitud. Insistió con reiteración, por medio de notas constantes, cuyo
tono de arrogancia era más marcado cada vez, en la retirada de la
expedición punitiva y cuando eran más tirantes las relaciones entre los
dos gobiernos, ocurre un suceso que pareció ser el detalle que faltaba
para provocar la ruptura de las hostilidades. En 21 de mayo trabaron
combate una fuerza americana y otra mejicana que se habían puesto en
contacto en Carrizal, con grandes pérdidas de una y otra parte. La
excitación que este hecho produjo en las dos repúblicas fué inmensa. La
guerra parecía ya un hecho. El Congreso norteamericano se reúne
inmediatamente y vota un crédito de $25,000.000.00 para satisfacer los
gastos de movilización de la Guardia Nacional.
Pero cuando ya la ruptura parecía inminente, cambia el sesgo de las
cosas. Varios representantes diplomáticos europeos y suramericanos,
deseosos de conjurar la crisis, le piden al General Carranza que cambie
el tono de su actitud con respecto al Gobierno de Washington. Esas
gestiones son seguidas de otras cerca de este último gobierno y una vez
lograda una mejor disposición, ya dentro de un ambiente más cordial, se
provoca la reunión de una comisión de representantes de los dos
gobiernos. Llevóse a cabo dicha reunión, con éxito satisfactorio en
Atlantic City, New Jersey, y zanjadas al fin las diferencias, quedó
convenida la retirada de la expedición punitiva, llevándose ésta a cabo
en enero de 1917. Poco tiempo después, de nuevo se hacen tirantes las
relaciones entre las dos naciones, al promulgarse en 1º de mayo de 1917
una nueva Constitución, inspirada por Carranza, en la que se declaró,
por su artículo 27, que eran del dominio de la nación todas las
pertenencias del subsuelo. Las empresas norteamericanas interesadas en
negocios de petróleo en este país elevaron su protesta al Gobierno de
Washington, por entender que aquella disposición envolvía una verdadera
conculcación de los derechos domínicos adquiridos al amparo de las leyes
mejicanas y dicho gobierno, juzgándola justificada, la trasmitió al de
Méjico. Este no quiso prestar atención a los reclamantes y tan
importante ha juzgado el asunto la Cancillería norteamericana, que por
consecuencia del mismo, no fué reconocido Adolfo de la Huerta, que ocupó
el gobierno provisionalmente a consecuencia de la muerte trágica de
Carranza, ocurrida en 21 de mayo de 1920, ni el General Alvaro Obregón,
que desempeña la presidencia desde diciembre de dicho año.
Claro está, que semejante situación perjudica a todos: a Méjico, porque
el país necesita mantener sus relaciones mercantiles y financieras con
los Estados Unidos y a éstos, por el quebranto que han sufrido y están
sufriendo los cuantiosos intereses invertidos en dicha república. El
General Obregón ha procurado reanudar las relaciones entre los dos
países, pero considera inaceptable la condición que para llegar a ese
resultado se le exige por el gobierno de los Estados Unidos, consistente
en que se declare, por medio de un Tratado, que el antes referido
artículo 27 de la Constitución, no perjudica los derechos adquiridos con
anterioridad.
Tal es la situación del gobierno de Méjico en estos momentos.
Veinticuatro naciones lo han reconocido, pero otras, entre las que
figuran Francia y la Gran Bretaña, no han dado ese paso, en espera sin
duda de la aptitud que adopten los Estados Unidos.
(II)