I.--LA POLÍTICA INTERVENCIONISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL MAR CARIBE.
SUS PRECURSORES. SUS CAUSAS. CARACTERES QUE LE SON PROPIOS.
La preponderancia de los Estados Unidos en el mar Caribe cobró verdadero
interés al concertarse, en 18 de noviembre de 1901, el Tratado
Hay-Pauncefote, por el cual la Gran Bretaña renunció el derecho, que
había adquirido desde el año 1850, de compartir con aquella República la
construcción y explotación de un canal interoceánico. La renuncia de tal
derecho significaba para el gobierno inglés algo más que la conformidad
en que el canal quedara bajo el control de los Estados Unidos: era darle
paso franco a esta nación para que ejerciera un completo señorío sobre
las Indias Occidentales y la América Central. Una vez resueltos los
Estados Unidos, dice el profesor Latané, a llevar a cabo el proyecto,
por tanto tiempo acariciado, de ser los constructores del canal, esta
determinación por fuerza tenía que imponerles la adopción de la política
de protectorados, supervisiones financieras, dominio de rutas marítimas
y adquisición de estaciones navales que han asumido en el Caribe.
Esta política, que hemos llamado de la "Preponderancia en el Caribe",
aunque iniciada y desenvuelta en lo que de este siglo va transcurrido,
tuvo sus precursores o iniciadores en el anterior, principalmente en el
tiempo que corre desde el año 1870 hasta el de 1881, durante los
períodos presidenciales de Grant, Hayes y Garfield. Acentuóse, con
efecto, en esta época, en la Cancillería de Washington una marcada
tendencia que llamaremos "americanista", siguiendo la expresión del
profesor Hart. En 1870 el Presidente Grant se dirigió oficialmente al
Congreso pidiendo la anexión de Santo Domingo en nombre de la Doctrina
de Monroe y este mismo año, Hamilton Fish, que desempeñaba la Secretaría
de Estado, declaró públicamente que el canal se debía llevar a cabo bajo
los auspicios de los Estados Unidos. En 1880 el Presidente Hayes,
primero, y el Secretario Evarts, después, reiteraron esa declaración en
mérito de que el canal no habría de ser más que una prolongación de las
costas de los Estados Unidos, y a su vez la ratificaron, al año
siguiente, el Presidente Garfield y su Secretario de Estado, el ilustre
James G. Blaine.
Cuando se hicieron estas declaraciones fueron unánimemente aceptadas por
la opinión. Parecía que sólo se esperaba la ocasión propicia para
iniciar en la zona del Caribe una enérgica acción "americanista". Pero,
a pesar de esto; a pesar de que desde época tan relativamente lejana se
sintieron los primeros latidos del imperialismo; como no era tarea fácil
la de llevar al pueblo, tan apegado a los viejos principios de
"aislamiento", al nuevo orden de cosas, trabajo costó que la opinión se
aviniese a él. Sólo a esto se debe, dicen los escritores Powers y Jones,
que el espíritu partidarista, el simple afán de hacerle oposición al
Presidente de la República, hiciera fracasar en el Senado norteamericano
el Tratado que negoció la administración de Roosevelt con Santo Domingo
en 1905, y el que a su vez celebró con Nicaragua el Presidente Taft en
1911; sin darse cuenta los congresistas oposicionistas de que las
supervisiones que por dichos convenios se establecían eran para la
nación un asunto de tan vital interés como el que más pudiera serlo.
Hoy, añaden dichos escritores, las cosas han ido cambiando y se estima
por todos, como cuestión ajena a los partidos y que está por encima de
éstos, que los Estados Unidos no deben abandonar la política, que se han
impuesto, de tener un poder preponderante y asumir determinadas
responsabilidades con respecto a sus vecinos del Sur. Nadie duda ya,
dicen, de que la nación no ha de abandonar dicho control, a menos que
quiera poner en riesgo su propia existencia.
Expuestas estas breves consideraciones acerca del momento en que los
Estados Unidos inician su política intervencionista, así como respecto a
la decisión con que se disponen a mantenerla, cumple que nos refiramos
ahora a los móviles que han impuesto a dicha nación el desarrollo de esa
fuerza preponderante.
La causa primordial que ha llevado a los Estados Unidos a ejercer cierta
función tutelar sobre las Repúblicas del Caribe, no obedece a otra cosa
que al propósito de obtener garantías de seguridad en el exterior.
Circunscribíanse éstas, en otra época, al mantenimiento de la Doctrina
de Monroe: los Estados Unidos, al defender a los países
latinoamericanos, lo que perseguían en realidad era su propia defensa;
evitaban que sentando sus reales en América una potencia europea se les
creara a ellos una vecindad peligrosa. Hoy, a la seguridad de la nación
no le basta esa actitud de pasividad, por así decirlo, sino que
requiere, para proteger sus grandes intereses comerciales y su rango de
potencia naval de primer orden, el ejercicio de cierta acción de
predominio en el exterior.
Esto hace que se diga con frecuencia que la Doctrina de Monroe ha
evolucionado; que antes se la aplicaba para defender a los países
hispanoamericanos, mientras que hoy se la invoca para avasallarlos. No
ha habido tal evolución de la Doctrina: son los tiempos los que han
evolucionado; son nuevas circunstancias las que han exigido que las
medidas de seguridad no se limiten a permanecer en guardia frente a los
peligros exteriores, sino en tomar, adelantándose a éstos, posiciones de
ventaja en los países vecinos.
Para comprobar hasta qué punto ha sido de necesidad para los Estados
Unidos tomar esas posiciones de ventaja en los países que baña el mar
Caribe, merece la pena que nos detengamos a considerar lo que representa
esa zona para dicha nación, en todos los aspectos del asunto.
El mar Caribe es para la América del Norte lo que el Mediterráneo para
Europa; de ahí, que el interés que ha llevado a la Gran Bretaña a
dominar sobre Egipto; a Francia sobre Argelia y Túnez; a España sobre
Marruecos y a Italia sobre Trípoli, y que mantuvo el apetito de
Alemania, antes de la última guerra, por conseguir también posiciones en
la costa septentrional de Africa, sea el mismo que ha exigido a los
Estados Unidos el mantenimiento de su soberanía sobre Puerto Rico, la
adquisición de las Islas Vírgenes y el ejercicio de ciertos
protectorados. Aquellas islas y las de Cuba y Santo Domingo no sólo
constituyen la mejor defensa de la costa sur de los Estados Unidos, sino
que desde ellas y desde las dos denominadas Maíz, situadas en la costa
de Nicaragua y arrendadas a aquella República, se dominan todas las vías
que conducen al canal de Panamá.
Por el Caribe discurre todo el enorme comercio que mantienen los Estados
Unidos con las Antillas y con Centro y Suramérica, y por sus aguas
tienen que cruzar también las embarcaciones, cuyo número crece día por
día, que comunican, al través del canal de Panamá, a diversas regiones
del globo. Negar, en mérito de tales circunstancias, el interés de la
República Norteamericana en mantener su predominio en este mar,
significaría desconocer la historia, y equivaldría a negar que la Gran
Bretaña debe gran parte de su actual poderío al dominio que ha podido
mantener sobre el canal de Suez y otros puntos estratégicos del
Mediterráneo; que Portugal, en época pasada, llegó a pesar en la
política mundial debido en gran parte a la adquisición del cabo de Buena
Esperanza, y que la causa primordial de la reciente guerra mundial no
fué otra que el deseo de Alemania de establecer y dominar una nueva vía
de comunicación con los países del Oriente. Ocurre con los países del
Caribe, dice Jones, lo que con los Balkanes y el Asia Menor: que su
valor para las grandes potencias de Europa está representado, no en lo
que valen esas regiones, por sí mismas, sino en el hecho de que al
través de ellas se comunique Oriente con Occidente.
El aspecto político no es de menor importancia que el que ofrece el
asunto, según acabamos de ver, desde los puntos de vista geográfico y
comercial. Los Estados Unidos invocan como principal finalidad de sus
protectorados, la de mantener la Doctrina de Monroe; la de aplicarla
preventivamente a fin de evitar los motivos de conflicto con otras
potencias. En el caso de la enmienda Platt, se dijo por Root que su
principal objeto era evitar los ataques a la independencia de Cuba; y
con respecto a la ingerencia de los Estados Unidos, primero en Santo
Domingo y después en Haití, se puede decir que se inició, en los dos
casos, por algo así como por una mediación tendiente a evitar que de
determinadas reclamaciones europeas se derivara una ocupación
territorial. Al ejercer los Estados Unidos los protectorados que han
asumido sobre estas islas, y sobre las Repúblicas de Panamá y Nicaragua
en Centro América, protegen sus intereses, pero se convierten al propio
tiempo, dicen sus estadistas, en los mejores fiadores de la
independencia de dichas Repúblicas. Para ninguna otra potencia, dicen
también, ofrecen las mismas, por múltiples razones, el interés que
tienen para los Estados Unidos.
Hay un último aspecto, que podríamos llamar estratégico, al que nos
vamos a referir ahora y que ofrece aún mayor importancia que los
anteriores. No es la República Norteamericana la única potencia naval
que tiene intereses en este mar. El territorio de Belice, en la costa de
Honduras, y Jamaica, que es una de las Antillas mayores, pertenecen a la
Gran Bretaña y en el grupo de las menores, las Barbadas, Trinidad y
otras islas, son también colonias inglesas; la Martinica y Guadalupe
pertenecen a Francia, y Curazao pertenece a Holanda; y aunque por el
momento no parece probable que los intereses de estas naciones lleguen a
ponerse en pugna con los de la Unión Norteamericana, dicha circunstancia
no es suficiente para que esta nación deje de prevenirse contra los
peligros de la brusquedad de un cambio en la política mundial.
La peculiar situación de Colombia y de Méjico, con costas que hacen
frente a los dos océanos, habría de ser también motivo de inquietud para
los Estados Unidos, como observa Powers, en caso de un conflicto
internacional. Estas dos Repúblicas, debido a dolorosas circunstancias
que por fortuna ya pasaron, con razón o sin ella, se sienten agraviadas
y no han estado en buena disposición de amistad hacia los Estados
Unidos; y éstos, que no desconocen el hecho, no pueden perder de vista
la importancia que el mismo pudiera tener si llegaran a verse envueltos
en guerra con una potencia europea o asiática.
El imperialismo de los Estados Unidos tiene caracteres que le son
peculiares. Para convencerse de ello basta compararlo, en su origen y en
sus tendencias, con el de las naciones de Europa. Después de
consolidarse en Europa un grupo de naciones fuertes, pero sin ser
ninguna bastante poderosa para dominar a las otras, y de crearse entre
ellas una situación especial, un estado de equilibrio basado en el
respeto mutuo y en el que cada una tenía los mismos derechos; algo así
como una transacción entre la idea de dominación universal y la
autonomía de los pueblos; dichas potencias, como si solamente pudieran
vivir dentro de un perpetuo estado de rivalidad, llevaron su competencia
a tierras lejanas. Aprovechando el nacimiento del sistema industrial,
por los recursos que brindaba, especialmente para la navegación, se
apoderó de ellas un afán desmedido por establecer colonias en todas las
regiones del globo, por distantes que estuvieran. Ocuparon en Asia,
Africa y la Oceanía cuantos territorios pudieron ser acaparados y el
Continente Americano también hubiera sido objeto de reparto, a no ser
por el mantenimiento de la Doctrina de Monroe. Desde entonces hasta hoy,
como dijo en notable conferencia el Dr. Montoro, la expansión nacional
ha sido el interés primordial de las grandes potencias del Viejo Mundo y
la causa de todas las guerras en que éste se ha visto envuelto.
La actividad imperialista de dichas naciones no ha tenido otra
finalidad que la de dominar el mercado importador de la colonia, zona de
influencia o territorio protegido que de ella ha sido objeto, y absorber
al propio tiempo su producción, siempre en provecho de la metrópoli y
excluyendo la competencia comercial de otras naciones; en unos casos por
medio del monopolio y en otros acudiendo al sistema de las tarifas
diferenciales. La misma Francia, que al crearse el vasto imperio
colonial que hoy posee iba tras un fin político más bien que económico,
pues sólo procuraba encontrar en el exterior algo que compensara la
derrota del año 1870, ha reducido en beneficio propio las tarifas
aduaneras de sus posesiones, llegando esa reducción en algunos casos
hasta el 58%.
El imperialismo norteamericano en su aspecto intervencionista, que es al
que ahora nos referimos--no a aquel otro que consistió en el movimiento
expansionista, a virtud del cual se fueron agregando a la Unión los
territorios que hoy forman su enorme área--, no se ha inspirado, al
revés de lo que ha ocurrido con el de las naciones de Europa, en ningún
propósito económico. Los Estados Unidos no han establecido su esfera de
influencia sobre las Repúblicas de Cuba, Santo Domingo, Haití, Panamá y
Nicaragua con objeto de acaparar mercados ni recabar ventajas para su
comercio. Su finalidad ha sido política: se ha reducido a ejercer sobre
las Repúblicas vecinas determinado control, que sólo llega, por lo
regular, al límite de lo necesario; y, aunque se inspira dicho
intervencionismo en la salvaguardia de los intereses de la nación, dicen
distinguidos escritores norteamericanos que produce como consecuencia la
de garantizar la independencia de dichas Repúblicas. En la aprobación de
la enmienda Platt--dijo nuestro eximio maestro el Dr. Antonio Govín--,
no medió el intento de vulnerar la independencia de Cuba, sino que, por
el contrario, se aspiró a protegerla.
Compartimos estas ideas, reconociendo como un hecho cierto que la
política intervencionista de los Estados Unidos no ambiciona la anexión
de nuevos territorios; pero se hace forzoso reconocer también que,
limitada y todo como es su acción, la Cancillería de Washington, llegado
el momento de mantenerla, no repara en medios, ni reconoce obstáculos.
Buena prueba de ello la constituyen el gesto del Presidente Roosevelt al
ordenar que se prohibiera el desembarque de las fuerzas de Colombia
destinadas a reprimir la revolución que culminó en la independencia del
istmo, so pretexto de que iban a entorpecer el tránsito por el
Ferrocarril, y la actitud que algunos años después adoptó en Nicaragua
la administración de Wilson, favoreciendo una revolución que al
triunfar impuso en recompensa la celebración del Tratado por el cual los
Estados Unidos adquirieron determinadas ventajas en el territorio de
aquella República.
II.--LA INGERENCIA NORTEAMERICANA EN LAS REPÚBLICAS DE CUBA, PANAMÁ,
SANTO DOMINGO, HAITÍ Y NICARAGUA, A TENOR DE LOS TRATADOS VIGENTES Y EN
LA PRÁCTICA. CENSURAS DE QUE HA SIDO OBJETO.
Aunque en los Tratados celebrados por los Estados Unidos, en 22 de mayo
de 1903, con la República de Cuba; en 18 de noviembre del mismo año, con
la de Panamá; en 8 de febrero de 1907, con la de Santo Domingo; en 3 de
agosto de 1914, con la de Nicaragua, y en 16 de septiembre de 1915 con
la de Haití, se persigue la misma finalidad, esto es, asegurar el
predominio de la nación norteamericana en la zona del mar Caribe, dichas
convenciones no encierran las mismas disposiciones. Parecía lógico que,
siendo el "control" sobre Cuba el primero que asumían los Estados
Unidos, se reprodujeran las prescripciones de la ley que lo autorizó, o
sea la Enmienda Platt, en los tratados que celebraron después con
aquellas otras Repúblicas; pero el examen de la materia que ha sido
objeto de tales tratados, y que hacemos a renglón seguido, revela que no
fué así.
Las disposiciones de la Enmienda Platt, que son las mismas del Tratado
Permanente de 22 de mayo de 1903, se pueden resumir en dos grupos: en el
primero están comprendidas las prescripciones inspiradas en la Doctrina
de Monroe y en la defensa de los intereses de los Estados Unidos como
potencia naval; y en el segundo, aquellas en que se le concede a esta
República cierta ingerencia en determinados asuntos, de orden interno,
de la nación cubana. Pertenecen al primero: la disposición por la cual
se previene al gobierno de Cuba que no celebrará con ninguna potencia
extranjera tratado alguno por el cual se menoscabe la independencia, o
se le otorgue el asiento o control sobre una porción de la isla, bien
para colonizarla, bien para cualquier propósito naval o militar; y
aquella otra en que se conviene en ceder o arrendar a la República
norteamericana las tierras necesarias para estaciones navales;
corresponden al segundo aquellas prescripciones por virtud de las
cuales el gobierno de Cuba se compromete a no contraer deudas
exageradas; consiente en que los Estados Unidos intervengan para la
conservación de la independencia, para el mantenimiento de un gobierno
adecuado para la protección de las vidas, las propiedades y la libertad
individual y para el cumplimiento de las cláusulas del Tratado de París
pertinentes a Cuba, y se obliga a mantener la isla en buenas condiciones
sanitarias.
En el Tratado con Panamá, cuya finalidad no fué otra que la de obtener
la cesión del territorio necesario para la construcción del canal, el
poder intervencionista no tiene la amplitud que en la Enmienda Platt.
Amén de la obligación que contraen los Estados Unidos de garantizar la
independencia de dicha República, se faculta al gobierno de Washington
para mantener a las ciudades de Panamá y Colón en buenas condiciones
sanitarias, caso de que el de Panamá desatienda ese deber, así como para
guardar el orden público, en el mismo caso, en las propias poblaciones y
sus territorios y bahías adyacentes y también, como en el caso de Cuba,
el gobierno de Panamá se compromete a vender o arrendar a los Estados
Unidos los terrenos necesarios para estaciones navales; pero, en cambio,
nada se dice con respecto al compromiso de no contraer deudas
exageradas, ni en cuanto a la prohibición de celebrar con cualquiera
potencia extranjera ningún tratado que menoscabe la independencia.
El Tratado suscrito con la República Dominicana en 8 de febrero de 1907
fué de un alcance limitado. El gobierno de dicha República, después de
realizar bajo los auspicios de los Estados Unidos lo que se llamó el
"ajuste" de la deuda exterior e interior y de levantar un empréstito con
unos banqueros neoyorkinos para satisfacer dichas deudas, habiendo
afectado, en garantía del pago de los bonos de esta operación los
derechos de importación, convino con el gobierno de Washington, por este
Tratado, en que el Presidente de los Estados Unidos nombraría al
Receptor y a los empleados subalternos de las Aduanas, y en que la deuda
pública no podría ser aumentada, ni los referidos derechos modificados,
a no ser de acuerdo con el aludido gobierno norteamericano.
El Tratado celebrado con Haití es el más amplio y comprensivo de todos.
Se reproducen de la Enmienda Platt las cláusulas relativas al compromiso
de no contraer deudas exageradas y no vender ni arrendar a ningún
gobierno extranjero parte alguna del territorio nacional, ni celebrar
Tratado alguno con ninguna potencia extranjera que menoscabe o tienda a
menoscabar la independencia, y el derecho de intervenir para preservar
la independencia y mantener un gobierno adecuado para la protección de
la vida, la propiedad y la libertad individual; pero, además, se
consignan otras en que el intervencionismo llega a los más radicales
extremos. El Presidente de los Estados Unidos queda facultado para
nombrar un Receptor General de las Aduanas, así como un Consultor
Fiscal, en cuyas manos se pone toda la situación financiera del
gobierno; la fuerza de policía urbana y rural se somete a la dirección y
organización de oficiales norteamericanos designados por el propio
Presidente de los Estados Unidos, quien además nombra un Superintendente
en materia de Sanidad. Además, se compromete el gobierno de los Estados
Unidos a ayudar al de Haití en el propio y eficiente desarrollo de la
agricultura, minería y recursos comerciales y en el establecimiento de
las finanzas sobre bases sólidas y firmes; pero, en cambio, mientras el
Tratado con Cuba es de carácter permanente, el término del celebrado con
esta otra República es por diez años prorrogables a otros diez.
En el Tratado celebrado con Nicaragua se limitaron los Estados Unidos a
recabar determinadas ventajas estratégicas: el derecho de construir un
canal por la vía del río San Juan y el arrendamiento de dos islas en el
mar Caribe y del territorio necesario para una base naval en el Golfo de
Fonseca, en la costa del Pacífico, con destino a estación naval.
El examen de la diversidad de materias que abrazan estos tratados y el
estudio de sus varios aspectos indican bien a las claras que han sido
distintas las circunstancias que en cada caso han preocupado a la
Cancillería de Washington, por más que la finalidad haya sido la misma
en todos los casos, según antes dijimos: fortalecer los intereses de los
Estados Unidos en el mar Caribe. En el caso de Cuba se quiso asegurar
para siempre la ingerencia de la nación norteamericana en esta
República, en atención sin duda a las estrechas relaciones financieras y
comerciales existentes con la isla, a su proximidad, tanto a la Florida
como al canal de Panamá, y al dominio que desde ella se ejerce sobre la
entrada del Golfo Mejicano. En el Tratado con Panamá predominó el
interés de la construcción del canal, que fué el mismo que aconsejó la
adquisición de ciertas ventajas estratégicas en Nicaragua. El convenio
celebrado con Santo Domingo respondió al interés de evitar los peligros
de una intervención europea; y en el estipulado con Haití, teniendo en
su inicio la misma causa, se quiso ofrecer a esta República la
oportunidad de rehabilitarse, adquiriendo las prácticas del gobierno
propio.
Con el examen de estos convenios internacionales no se completa, sin
embargo, el estudio de la influencia y supervisión que ejercen los
Estados Unidos en las Repúblicas de Cuba, Panamá, Santo Domingo, Haití y
Nicaragua. Del orden de cosas que ha existido en Cuba y en Panamá se
puede decir, en líneas generales, que se compadece con la legalidad
establecida por sus respectivos tratados; pero éste no es el caso de las
otras tres Repúblicas. En Santo Domingo ha sido suprimido el gobierno
propio; en Haití sólo queda un asomo del mismo y en Nicaragua, donde se
limitaron los Estados Unidos a recabar posiciones y ventajas
estratégicas, la Cancillería norteamericana ha llegado a tomar un
incremento decisivo en la política y en las finanzas.
La política intervencionista en la zona del mar Caribe ha llegado a
infundir cierta desconfianza, con respecto a los propósitos de los
Estados Unidos, a gran parte de la opinión en los países de
Hispanoamérica; sin que hayan bastado para desvanecer tal recelo las
reiteradas declaraciones formuladas por los estadistas norteamericanos
en el sentido de que aquella República no se vale de la superioridad de
su fuerza para destruir soberanías, sino que la aprovecha tan sólo para
asegurar su preponderancia.
Labor inútil o infructuosa sería la nuestra, si nos dedicáramos a
criticar la función tutelar de los Estados Unidos, en sí misma, como
hecho, a fin de juzgar de su bondad o de su justicia. Nada más lejos de
nuestros propósitos. La política expansionista de los grandes Estados es
un fenómeno que se impone por igual a los fuertes y a los débiles: a
aquéllos como una exigencia, como una condicional de su existencia; y a
estos últimos haciendo caso omiso de su voluntad, es decir, a despecho
de ella. Frente a los hechos que se imponen por sí mismos, ¿a qué las
palabras?
Los fenómenos políticos--dice Ingenieros--no son el resultado de
una libre elección de medios y de fines por parte de los pueblos o
de los gobiernos... Los pueblos fuertes--agrega el ilustre
sociólogo argentino--se consideran encargados de tutelar a los
otros, extendiendo a ellos los beneficios de su civilización más
evolucionada. Los débiles suelen protestar, oponiendo la palabra
derecho a la fuerza del hecho; los medios necesarios para ejercer
la tutela pueden parecer injustos, pero la historia ignora la
palabra justicia; se burla de los débiles y es cómplice de los
fuertes.
Después de todo, añadimos nosotros, la tan decantada igualdad de los
Estados no ha existido nunca y mucho menos ha de ser viable hoy, en que
nuevos medios y nuevas circunstancias estrechan de día en día las
relaciones de interdependencia de todos los pueblos de la Tierra.
Pero si la tarea de hacer la crítica de las causas determinantes de la
función tutelar de los Estados Unidos resultaría estéril o innecesaria,
no se puede decir otro tanto acerca del estudio de los medios adoptados
para ejercer dicha tutela. Tal estudio nos ha de permitir conocer si
aquella política se reduce a los límites que señalan las necesidades en
que se inspira, o si trasciende a excesos innecesarios; extremos todos
cuyo conocimiento resulta por demás de positivo interés. En la
imposibilidad de enumerar todos los cargos que se pueden aducir contra
los Estados Unidos, a este respecto, vamos a referirnos a los más
fundamentales.
Llama la atención, en primer lugar, la forma en que se ejerce dicha
política. Revela su examen que no responde a un plan, a un estudio
meditado y detenido de la materia: no hay uniformidad; no se observa una
orientación definida, una línea de conducta uniforme. Cada actuación
lleva el sello de quien la realiza; en cada episodio van impresas la
voluntad y las ideas de quien en el momento de su ocurrencia desempeña
la Presidencia de la vecina República; de ahí que se diga que la
determinación del gobierno de Washington resulta en cada caso una
incógnita. La Comisión enviada a La Habana por el Presidente Roosevelt,
en 1906, con objeto de poner fin a la revolución que entonces existía en
la isla, acordó una solución que de hecho equivalía al triunfo de
aquélla. Tres años después, habiendo estallado en Nicaragua una
revolución contra el Presidente Zelaya, contribuyó también a su triunfo,
de manera decisiva, la actitud que asumió contra dicho gobernante el
Presidente Taft. En cambio, en 1917 el Presidente Wilson, haciendo
buenas las palabras vertidas en el discurso pronunciado en Mobila en 27
de octubre de 1913, aplicó en dos ocasiones su teoría contraria al
reconocimiento de los gobiernos que fuesen producto de la violencia:
una, con motivo de la revolución de que fué teatro Cuba en febrero de
1917, y otra, este mismo año, con ocasión del golpe de estado que depuso
a Alfredo González de la Presidencia de Costa Rica.
Otro aspecto de la política intervencionista de los Estados Unidos,
gráficamente denominado "diplomacia del dollar", contra el cual, con
verdadero fundamento, ha sido unánime la protesta, aun en los propios
Estados Unidos, estriba en el hecho de que dicha política, en algunas
ocasiones, se ha puesto al servicio de determinados intereses privados.
El nombre de unos banqueros neoyorkinos va unido a la historia de la
ingerencia norteamericana en los asuntos de Nicaragua; y en muchas de
las medidas adoptadas por el poder interventor que rige con omnímodas
facultades los destinos de Haití se refleja, según leemos en importantes
publicaciones de los Estados Unidos, la influencia del National City
Bank of New York, cuyos intereses en dicha República, ya de por sí
apreciables, se aspira a ver acrecentados.
Pero donde la crítica concentra sus ataques es cuando se trata de la
situación actual de las Repúblicas Dominicana y Haitiana. Ya que la
supresión del gobierno propio en Santo Domingo, siquiera sea
provisionalmente, y el exceso de facultades que a espaldas del tratado
vigente se han arrogado en Haití los funcionarios norteamericanos, son
actos realizados por los Estados Unidos prevaliéndose de su fuerza,
debían aprovechar esta situación, se dice, para coadyuvar al adelanto y
mejoramiento de las costumbres públicas en dichas Repúblicas y
contribuir al arraigo de sus instituciones políticas; en una palabra,
que se debía realizar en el orden moral el progreso efectuado en
materias de sanidad, enseñanza y obras públicas. Lejos de proceder de
esta manera el gobierno de Washington, haciendo las cosas en forma que
no se compadece con los antecedentes del pueblo norteamericano, con su
cultura y con la misión que, por lo visto, le ha confiado la historia en
este Continente, ha sometido dichas Repúblicas a un régimen en el que la
libertad individual ha sido reducida a su expresión más insignificante,
en el que la jurisdicción civil ha sido sustituída por la militar, y que
sólo podrá traer una paz material de efímera duración.
Estas cosas ocurren, se ha dicho también, en primer lugar, porque el
pueblo de los Estados Unidos las ignora; demasiado preocupado en sus
asuntos interiores, cuando fija la mirada en la política exterior es
para atender a los asuntos de Europa, en lo que éstos le pueden
interesar; y en segundo término, porque en esta materia el Presidente es
el único arbitro; sus facultades no están regladas, pudiendo proceder en
todas las cosas a medida de su discreción.
Algo más que la conveniencia de los estados protegidos, el propio
interés de la nación protectora exige que la actividad intervencionista
revista una forma distinta a la seguida hasta hoy en aquellas
Repúblicas. Para que una nación, que se presenta como directora de otras
en la escena del mundo, pueda desarrollar con éxito sus planes
expansionistas--dijo hace años en memorable conferencia el Dr. Enrique
José Varona--requiérese que concurra, entre otras circunstancias, la de
que esos planes estén presididos, revelen, un superior estado de
cultura. Inglaterra, dijo por vía de ejemplo, ha podido mantener su
vasto imperio colonial, gracias a que siempre ha sabido contar con
hombres que se han colocado a la altura de los difíciles empeños que se
les han encomendado; "desde aquel famoso Lord Durham, de grata
recordación para los americanos, hasta Sir Alfred Milner, cuya gestión
en Egipto es una maravilla".
Es lo probable que cambie en breve este orden de cosas. Una de las
imputaciones hechas con más frecuencia durante la reciente campaña
presidencial, contra la administración de los demócratas, se ha referido
a su actuación en los asuntos de Haití y Santo Domingo, y habiendo sido
electo el candidato del Partido Republicano, lógico parece que se
incline por nuevos derroteros la intervención en los asuntos de estas
dos Repúblicas.
Seríamos injustos si, antes de pasar adelante, no reconociéramos que no
ha sido ese el tono dominante en la política intervencionista de los
Estados Unidos. En lo que a Cuba se refiere, lejos de asistirnos motivos
de queja, sólo los tenemos de alabanza; la ayuda que nos ha brindado el
gobierno de Washington no ha podido ser más eficaz, con esta
particularidad: es sabido que la facultad de intervenir en nuestros
asuntos, por ser potencial según la Enmienda Platt, sólo se debe ejercer
en alguno de los casos a que ésta se refiere: que sobrevenga,
verbigracia, una situación en que el gobierno de Cuba sea incompetente
para mantener el orden; pues bien, aunque la Cancillería de Washington
suele ingerirse en muchos asuntos que son de la competencia exclusiva de
nuestros poderes, tales gestiones, salvo quizás alguna excepción, se han
inspirado siempre en el deseo de favorecer, en todos los órdenes, los
intereses de nuestra comunidad.
III.--EL FACTOR ECONÓMICO EN LAS RELACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON
LAS REPÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU ESFERA DE INFLUENCIA.
Hemos dicho antes que una finalidad eminentemente política era la causa
del intervencionismo de los Estados Unidos en la zona del mar Caribe y
que a dicha nación no le interesaban tanto los países protegidos, por lo
que en sí mismos pudieran significar, como por su posición geográfica.
Esto es exacto en lo que se refiere a la causa primordial, al origen,
por así decirlo, del intervencionismo; pero, una vez iniciado éste, y
tan pronto como bajo su garantía se inviertan en un Estado protegido,
capitales norteamericanos, éstos han de contribuir, con tanta fuerza
como la finalidad política, al mantenimiento del protectorado. La
estrecha relación entre el gobierno y las empresas privadas, en los
grandes Estados modernos, es un fenómeno constante, dice Edwin Borchard,
profesor de Derecho en la Universidad de Yale. El capital ocioso
existente en un país se dirige allí donde se le brinden garantías; por
eso se explica, dice dicho profesor, la íntima relación existente entre
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña y el
capitalista británico que invierte sus recursos en el extranjero.
Los Estados Unidos no podían constituir una excepción a la regla
general. La influencia política desenvuelta por esta República en el
exterior tenía que ser seguida, y lo ha sido, por la expansión
comercial; con una particularidad: que ha contribuído a acrecentar este
hecho, que se produce siempre de una manera natural, la circunstancia,
puramente casual, de que el inicio de la política intervencionista de
esta nación ha coincidido con el momento en que, ya colmadas las
necesidades de su comercio y de sus industrias interiores, sus hombres
de negocios comenzaron a pensar en la conveniencia de invertir sus
capitales en el exterior.
Buena prueba de lo que representa el factor económico en las relaciones
entre el Estado protector y el protegido, la constituye un detalle de
nuestra historia, que podemos citar aquí. Cuando en 1906 intervinieron
los Estados Unidos en nuestra contienda civil, hubieron de darle la
razón a los alzados en armas--como dijo el Dr. Varona en una serie de
artículos que en aquel entonces vieron la luz--, porque no vinieron a
moralizarnos, sino a apaciguarnos; miraron la cuestión desde un ángulo
visual americano y por eso exigieron que a todo trance se hiciera la
paz.
El factor económico tiene otro aspecto de no menor importancia, desde el
punto de vista político y cuya fuerza ha de crecer a medida que se
estrechen las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y sus
Estados protegidos: nos referimos al consumo de la producción de estos
últimos en el mercado norteamericano. Los hombres de los países fríos
necesitan consumir determinados productos de los países tropicales; lo
exige el tipo de vida del trabajador americano, ha dicho un economista.
Cuando ocurra en las otras Repúblicas lo que acontece hoy en Cuba;
cuando se diga de su producción lo que hoy se dice y repite entre
nosotros, como respondiendo a una convicción: que los Estados Unidos no
pueden prescindir de nuestra azúcar; llegado este momento, la necesidad
de que las revueltas no afecten a la producción, constituirá un motivo
que ha de compeler a los Estados Unidos, con tanta fuerza como los
demás, a exigir a dichas Repúblicas que vivan en paz.
IV.--INGERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE WILSON EN
DETERMINADOS ASUNTOS, DE ORDEN INTERNO, DE LAS REPÚBLICAS DE MÉJICO,
COSTA RICA Y GUATEMALA.
¿Qué razón existe, se dirá, para que la política intervencionista de los
Estados Unidos alcance solamente a las Repúblicas de Cuba, Haití, Santo
Domingo, Panamá y Nicaragua, y no se ejerza también sobre las otras
Repúblicas Centroamericanas? La razón es obvia: los protectorados o
supervisiones que ejercen los Estados Unidos no se han adoptado por
sistema: se han establecido a medida que los han ido reclamando los
intereses de esta nación. En el caso de las islas de Cuba y Santo
Domingo, preocupóse el gobierno norteamericano por la posición de las
mismas, a causa de estar situadas frente a la costa meridional de los
Estados Unidos y dominando, además, las vías que conducen al canal; y
con respecto a Panamá y Nicaragua, la necesidad de dominar y controlar
la comunicación interoceánica fué la que determinó la supremacía sobre
estos dos países. El día en que algún interés, sea cual fuere, aconseje
a los Estados Unidos someter a su control las otras Repúblicas
Centroamericanas, no hay duda de que actuarán en tal sentido.
Por lo pronto, ciertos sucesos, ocurridos en Costa Rica y Guatemala
durante la administración de Wilson, demuestran que los Estados Unidos
observan de cerca los destinos de dichas Repúblicas y que les preocupa,
con respecto a ellas, algo más que el interés, de carácter general, de
que no celebren alianzas embarazosas con las naciones de otros
Continentes. La caída del gobierno de los Tinoco en Costa Rica, que
habían escalado el poder por medio de la violencia en enero de 1917,
debióse, en gran parte, a la negativa de la Cancillería de Washington a
reconocerlo, dado que este hecho, al par que creaba una situación
difícil a aquel gobierno en el exterior, le infundía alientos a sus
adversarios. La misma actitud, adoptada con respecto a Guatemala a
mediados del año 1919, produjo, aunque en un orden inverso, el propio
resultado: la nota enviada al Presidente Estrada Cabrera insinuándole la
conveniencia de que no pensara en reelegirse, es indudable que
contribuyó a su caída de manera decisiva.
El gobierno del Presidente Wilson se ha inmiscuído también, en más de
una ocasión, en los asuntos de la República Mejicana. Su actitud,
negándose a reconocer a Huerta, que bien o mal, tuerto o derecho, como
dijo Root, era el Presidente de facto y poniendo en ejecución cuanto
arbitrio podía contribuir a su caída, no fué otra cosa que una
intervención.
No es probable, sin embargo, que los Estados Unidos lleguen a ejercer su
control sobre esta República. Su población, su enorme área y los
antagonismos que determinados sucesos de otras épocas han creado, hacen
que su caso no sea el de las islas del mar Caribe y el de la América
Central. Por algo se ha dicho que el imperialismo se verifica por la
línea de menor resistencia...
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Nota del Transcriptor:
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