En el caso "Robinson v. Campbell," la Suprema Corte se inclinaba mucho á
admitir que estaba vigente y era necesario aplicar el derecho comun en
los negocios civiles propios de los tribunales de la federacion. El
_Judiciary Act_ de 1789 (c. 20, sec. 34) declaró que con excepcion de
aquellos casos en que la Constitucion, los estatutos ó tratados de la
Union, dispongan otra cosa, las leyes particulares de los Estados deben
considerarse como reglas de decision en los juicios del derecho comun,
seguidos ante los tribunales de la Union, siempre que sean
aplicables.[110] La ley posterior de 8 de Mayo de 1792, expedida para
reglamentar los procedimientos de los tribunales federales (c. 36, sec.
2) aprobó la forma de los _writs_, ejecuciones y demás procedimientos;
con excepcion de su estilo, así como la forma y modo de proceder que
entonces se usaban en los litigios del derecho comun en los tribunales
federales, disponiendo que en cuanto á los juicios de equidad se
siguieran los principios y la práctica de los tribunales de equidad.
Pero todas estas formas y modos de proceder quedaron sujetos á las
modificaciones y adiciones que dichos tribunales creyeran conveniente
establecer, segun su prudente arbitrio, así como á las reglas que la
Suprema Corte de los Estados Unidos tuviera á bien prescribir en lo
sucesivo á cualquier tribunal de distrito ó de circuito. Apoyándose en
estas disposiciones, la Corte, en el precitado caso declaró que en los
negocios seguidos ante los tribunales federales, los recursos tanto del
derecho comun como de equidad, no debian sujetarse á las prácticas de
los tribunales de los Estados, sino á sus respectivos principios, tales
como se definen y se distinguen entre sí en el país de donde hemos
derivado el conocimiento que de ellos tenemos.[111]
[110] Esta disposicion es inaplicable á la _práctica_ de los
tribunales nacionales, y solo suministra una regla para que estos
formen sus juicios. En el caso de _Swift v. Tyson_ (_Supreme Court
U. S._ 16 _Peters U. S._ 1) se declaró que dicho estatuto se
refiere solamente á las leyes y usos locales permanentes de un
Estado, y á su interpretacion, admitida por los tribunales del
mismo, tratándose de derechos y títulos, ó de la propiedad raiz y
demás inmuebles que sean intraterritoriales por su carácter y
naturaleza; pero que no se extendia á los contratos y otros
instrumentos de carácter mercantil.
[111] En caso de que no hubiera tribunales de equidad en un Estado,
esto no impediria que los de la federacion ejercieran la
jurisdiccion de equidad, debiendo adoptar y seguir la
jurisprudencia del ramo, existente en Inglaterra. Así es que el
tribunal de distrito de la Louisiana tiene facultades de equidad, y
en las causas de este ramo, debe seguir los principios, reglas y
usos de los tribunales de equidad, tales como se contradistinguen
de los del derecho comun. «_Gaines v. Relf_,» 15 _Peters U. S._ 9,
«_Lorman v. Clarke_,» 2 _Mc Lean_, 568, 571.
Visto bajo este aspecto el derecho comun, puede considerarse como una
parte de la jurisprudencia de los Estados Unidos. Mejorado como hoy se
encuentra en Inglaterra, y especialmente en este país donde ha sufrido
algunas modificaciones debidas á la benigna influencia de su extenso
comercio, su ilustrada justicia, los principios republicanos y una sábia
filosofía, el derecho comun ha llegado á ser un excelente código moral y
civil, admirablemente adaptado para promover y afianzar la libertad y la
felicidad de la vida social. La experiencia ha venido á demostrar que es
un sistema lleno de principios robustos y sanos, muy conducentes al
desarrollo de las libertades civiles, y en ninguna parte está manchado
con una máxima política tan servil como la que se encuentra en el
instituto de Justiniano: _Quod Principi placuit, legis habet vigorem_
(Inst. 1, 2, 6). Es la jurisprudencia comun de los Estados Unidos, y los
primeros colonos lo trajeron de Inglaterra, estableciéndolo en este
país, hasta donde podia amoldarse á nuestras instituciones y
circunstancias peculiares. El Congreso de las Colonias Unidas lo
reconoció en 1774, como parte de aquellos "derechos y libertades
innegables que pertenecen á las respectivas colonias."[112] Llena todos
los vacíos que no puede llenar el derecho positivo. La influencia de sus
principios puede compararse á la de las artes y ciencias liberales:
_adversis perfugium ac solatium proebent, delectant domi, non impediunt
foris; pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur_. Para usar de
las palabras del instruido jurista á quien ya antes he aludido: "Vivimos
en medio del derecho comun, lo aspiramos con nuestro aliento, y se
infiltra por nuestros poros; lo encontramos al despertar y al
acostarnos, cuando viajamos y cuando estamos estacionarios en nuestros
hogares: se mezcla con el mismo idioma que hablamos, y no podriamos
aprender otro sistema de legislacion, si no aprendiéramos tambien otra
lengua."[113]
[112] Declaracion de derechos de Octubre 14 de 1774; _Journal of
Congress_, vol. 1, p. 28.
[113] Du Ponceau sobre jurisdiccion, p. 91. Véase tambien Story,
Com. sobre la Constitucion, 1,140,141; vol 2, p. 264-268. Este
instruido comentador en el último tomo de su obra, sostiene con
habilidad, y á mi juicio de una manera convincente, que á falta del
derecho positivo, el comun regula, interpreta y fija las facultades
y deberes del tribunal de _impeachments_, (tribunal que juzga á los
funcionarios públicos por delitos oficiales) segun la Constitucion
de los Estados Unidos; y aunque el derecho comun no puede servir de
base de una jurisdiccion no otorgada por la Constitucion ó leyes;
sin embargo, una vez otorgada aquella, debe ejercerse segun las
reglas de ese derecho. Si así no fuera, nada habria que pudiera
librarnos del despotismo absoluto de la opinion y de la práctica.
2. La jurisdiccion que tienen los tribunales federales _ratione
personarum_, y que depende del carácter relativo de las partes
litigantes ha dado materia á largas discusiones en el terreno judicial.
La Constitucion les dá jurisdiccion para conocer de los litigios entre
extranjeros y nacionales, y entre ciudadanos avecindados en diferentes
Estados,[114] y sobre este particular tenemos una série de decisiones.
Si se trata de un caso que dimana de la Constitucion, las leyes, ó los
tratados de la federacion, poco importa quienes sean los litigantes
porque el mismo asunto litigioso funda la jurisdiccion; pero si el
litigio se ventila entre extranjeros y ciudadanos, ó entre ciudadanos de
diversos Estados, es indiferente entonces cual sea su naturaleza, pues
que la funda el carácter de las partes.
[114] "_Lessee of Butler v. Farnsworth_", 4 _Washington_ C. C. 101.
III. De la jurisdiccion sobre los negocios en que es parte interesada un
extranjero.
En el caso de _Bingham v. Cabot_ (3 _Dallas_ 382), la Suprema Corte
declaró que era necesario que los litigantes hicieran aseveraciones
positivas acerca de su ciudadanía, ó de su nacionalidad cuando un
extranjero estuviera interesado en el litigio, para que pudiera proceder
la jurisdiccion de los tribunales de circuito, la que no podria
sostenerse si de autos no aparecia esa circunstancia. La misma doctrina
se sostuvo en los casos de "_Turner v. the Bank of North America_," (4
_Dallas_, 8) en los que se declaró además, que los tribunales de
circuito ejercen una jurisdiccion que se limita á un número reducido de
casos, especiales por sus circunstancias, y que la presuncion legal era
que una causa no estaba sujeta á su jurisdiccion mientras no se probara
lo contrario. De este principio tuvo su orígen la regla de que debe
hacerse constar ante el tribunal el hecho ó las circunstancias que
fundan la jurisdiccion, sea expresamente ó de una manera que no deje
duda, segun la interpretacion legal. Por lo mismo, apareciendo que el
demandado es ciudadano del Estado A por ejemplo, es necesario que el
actor afirme ser ciudadano del Estado B, ó extranjero; y si el pleito
versare sobre un pagaré, el tenedor deberá hacer constar que alguna de
esas circunstancias concurrian en la persona á cuyo favor se extendió
originalmente, supuesto que la jurisdiccion del tribunal se funda en la
diversa condicion de uno y otro [Judiciary Act de 1879, sec. 11]. Pero
un extranjero no podria demandar ante un tribunal de circuito de la
federacion á un ciudadano americano residente en el extranjero, aunque
éste tuviera bienes en el distrito contra los cuales se pudiera
proceder, porque segun el Judiciary Act de 1779, no se puede seguir
procedimiento ejecutivo contra una persona que no es vecina del distrito
en que se instaura el litigio, ó que no se encuentra en él. Esto quita á
los tribunales federales la facultad de decretar, fundándose en las
leyes locales de los Estados, el secuestro de bienes del deudor que se
ausenta ú oculta.
IV. De la jurisdiccion sobre los negocios seguidos entre ciudadanos de
diversos Estados.
El "_Judiciary Act_," en su seccion 11ª da jurisdiccion á los tribunales
de circuito para conocer de los negocios en que una de las partes
interesadas es extranjero. En el caso de "_Mossman v. Higginson_" se
declaró que dicha jurisdiccion se limitaba á los litigios entre
ciudadanos y extranjeros, y no comprendia aquellos en que tanto el actor
como el reo fueran extranjeros. De manera que si consta en autos que uno
de los litigantes es extranjero, debe hacerse constar tambien que el
otro es ciudadano americano. La misma declaracion se hizo en el caso de
"_Course v. Stead_"(4 _Dallas_ 22). El principio que rige sobre este
particular es que debe aparecer en las mismas constancias procesales que
el carácter de las partes funda la jurisdiccion del tribunal, y los
puntos fijados en el último caso fueron confirmados en los de "_Montalet
v. Murray_" (4 _Cranch_, 46) "_Hodgson v. Bowerbank_" (5 _Cranch_, 393)
y "_Sullivan v. The Fulton Steamboat Company_" [6 _Wheaton_ 495]. En el
de "_Maxfield v. Levy_," [4 _Dallas_, 330] que se vió en el tribunal de
circuito de Pennsylvania, se trataba de la jurisdiccion que nace del
carácter de las partes y censuró con acritud el tribunal que
maliciosamente se hubiera querido crear por medio de fraudes una
jurisdiccion contraria á la mente de la Constitucion y al derecho. Se
habia instaurado un juicio de lanzamiento entre ciudadanos de _un mismo
Estado_, en que debian ser calificados los títulos de propiedad de un
terreno. A fin de fundar la jurisdiccion federal una de las partes habia
otorgado intencionadamente á título gratuito una escritura en favor de
un ciudadano de otro Estado, con el único objeto de constituirlo
nominalmente actor. El tribunal desechó la demanda, manifestando que
tanto la Constitucion como las leyes de la Union, con mucha solicitud
habian fijado límites precisos entre la autoridad judicial de la
federacion y la de los Estados en particular, procurando con empeño que
se conservara la línea que las divide. No era de tolerarse ningun plan
fraguado con el fin de eludir la ley de la tierra, para crear una
jurisdiccion por medio de un fraude.[115] Mas si á ciudadano de un
Estado, hallare por conveniente cambiar su domicilio, y se trasladare
con su familia á otro Estado, teniendo de buena fe la intencion de
residir permanentemente allí, y no por un simple pretesto, aun
suponiendo que su objeto sea el de aprovecharse de la jurisdiccion de
los tribunales federales, se hace desde luego ciudadano del último
Estado y con este carácter puede demandar ante dichos tribunales.[116]
[115] El Magistrado Washington sostuvo la misma doctrina en el caso
de "_Hurst v. Mc. Neil_" [_Washington C. C._ 70, 83.] "_Starling
Havko_" [5 _Mc. Lean_, 318] Pero en el de _Briggs v. French_. (2
_Summer_ 257) fué resueltamente desechada, sosteniendo el juez que
conferia título legal la escritura de traslacion de dominio de un
terreno, otorgada por un ciudadano á otro, con el fin de poner al
último en aptitud de seguir un litigio sobre dicho terreno ante los
tribunales federales; y que ninguna persona extraña al litigio
tenia derecho para investigar el motivo porque habia sido otorgada.
[116] _Lessee of Cooper v. Galbraith_, 3 _Washington C. C._ 546;
_Case v. Clark_, 5 _Mason_ 70; _Cartlett v. Pacific Insurance Co._
La doctrina que se fijó en el caso de "_Bingham v. Cabot_" fué
confirmada despues en el de _Abercombrie v. Dupuis_ (1 Cranch 343)
aunque con alguna repugnancia, pues parece que los magistrados que
formaban la Corte no estaban completamente satisfechos de que sus
predecesores hubieran circunscrito su jurisdiccion. Pero en el caso de
_Strawbridge v. Curtiss_ (3 _Cranch_ 267) se declaró que eran todavía
mas estrechos y precisos los límites de la jurisdiccion federal. En este
caso la Corte desechó la demanda porque uno de los actores y otro de los
demandados eran ciudadanos de un mismo Estado, declarando que en los
negocios de interés comun de dos ó mas personas, sea que éstas
intervengan como parte actora ó demandada, es preciso que todas sean
idoneas para demandar ó ser demandadas en los tribunales federales. La
inmediata cuestion que se presentó en esta materia fué si bajo la
denominacion de "ciudadano" se comprendia una corporacion ó sociedad
segun la mente de la Constitucion, y si podia demandar ante los
tribunales de la federacion en virtud de su carácter legal. En los casos
"_The Hope Insurance Company v. Boardman_" _y_ "_The Bank of the United
States v. Deveaux_" (5, _Cranch_, 57, 61) se resolvió que una
corporacion no es "ciudadano" en virtud de ese carácter, y que la
aptitud que pueda tener para comparecer ante los tribunales federales
dependerá enteramente del carácter de los individuos que la formen,
circunstancia que debe hacerse constar en autos por medio de la
correspondiente aseveracion. De manera que una corporacion formada de
ciudadanos de un Estado puede demandar á un ciudadano de otro Estado
ante los tribunales de circuito de la federacion; pero si algunos de los
socios que forman dicha corporacion fuere ciudadano del mismo Estado que
la persona demandada, esta circunstancia haria fenecer la jurisdiccion
de los tribunales federales.[117] La regla de que en los litigios que se
comenzaren en los tribunales federales, todos los individuos que en
ellos intervengan, sea como parte actora ó demandada, deben tener el
carácter necesario para fundar la jurisdiccion, es aplicable tambien á
los negocios principiados en los tribunales de los Estados, pero pasados
luego á los federales.[118]
[117] Parece que la regla que se asienta en el texto ha sido
virtualmente modificada por algunas decisiones recientes. Estas,
sin mantener que una corporacion es "ciudadano" para el efecto de
la jurisdiccion, sostienen sin embargo que los litigios que se
sigan ante los tribunales por ó contra una corporacion, con tal
carácter, deben considerarse como litigios entablados por
ciudadanos del Estado que creó dicha corporacion, ó contra ellos
segun fuere el caso, no debiendo admitirse ninguna afirmacion ó
prueba en contrario para declinar la jurisdiccion «_Ohio &
Mississippi Railroad Company v. Wheeler_,» 1 _Black U. S._ 286.
Véase tambien 20 _Howard_ U. S. 232; 16 _Howard_ U. S. 314.
[118] «_Ward v. Arredondo_» 1 _Paine_ CC. 410; «_Bank of
Cumberland_ v. _Willis_» 3 _Sumner_, 472. En el caso «_The
Louisville Railroad Company v. Letson_,» (2 _Howard_ U. S. 497) se
revisó y revocó la doctrina perjudicial y mezquina que contienen
los casos de «_Strawbridge v. Curtiss_» (3 _Cranch_, 367) «_Bank of
the United States v. Deveaux_,» (5 _Cranch_, 84) y «_Commercial
Railroad Bank of Vicksburg v. Slocomb_,» (14 _Peters_ U. S. 60.) En
aquel se sostuvo que una corporacion, creada y dedicada á los
negocios de su institucion en un Estado, era _habitante_ del mismo,
podia ser tratada como «_ciudadano_» para el efecto de demandar y
ser demandada, aun á pesar de que alguno de sus miembros no fuere
ciudadano del mismo Estado en que se entablara la demanda y á pesar
tambien de que el mismo Estado fuera miembro de la corporacion.
Esta decision, de suma importancia y muy conveniente, devolvió á
los tribunales federales una jurisdiccion que les era esencial en
los litigios entre ciudadanos de diferentes Estados. La ley del
Congreso de 28 de Febrero de 1839 vino á corroborarla, y tanto por
sus palabras como por su espíritu, se tiene como una amplificacion
de las facultades de los tribunales federales respecto al carácter
de las partes.
En cuanto á la cuestion de si el banco de los Estados Unidos tiene un
derecho peculiar para comparecer como actor ante los tribunales
federales, se resolvió tratándose del primer banco nacional, que la ley
de su creacion no le habia concedido ninguna prerogativa especial al
efecto: que tenia la capacidad comun para demandar ó ser demandado,
porque siendo un ser invisible, artificial, una mera entidad legal, y
no un ciudadano, su capacidad para demandar en juicio dependia del
carácter de los individuos que lo formaban. La Constitucion federal
previó que podria haber temores de que los tribunales de los Estados no
administraran justicia á toda clase de personas sin distincion, con
tanta imparcialidad como los federales y por esto estableció los
últimos, á fin de que decidieran las controversias que se suscitaran
entre nacionales y extranjeros, y entre ciudadanos de diversos Estados.
Las personas á quienes representa una corporacion pueden ser extranjeros
ó nacionales, y la controversia se sigue entre personas que se presentan
en su nombre social, demandando un derecho social, contra un individuo
particular, que es el demandado. Cuando los individuos que forman la
corporacion son extranjeros ó ciudadanos de otro Estado distinto del á
que pertenece la parte contraria, el caso queda comprendido en los
términos y en la razon de ser que tiene la jurisdiccion de los
tribunales federales. El tribunal puede llevar sus investigaciones mas
allá del nombre social y examinar el carácter de las personas que forman
la corporacion, que no para todos los fines quedan ocultas, ni se
confunden enteramente con ella. Una sociedad de extranjeros puede
demandar á un ciudadano, así como una sociedad de ciudadanos de un
Estado puede demandar á un ciudadano de otro Estado ante los tribunales
federales en su nombre social, y entonces la controversia realmente
viene á seguirse por extranjeros contra nacionales, ó por ciudadanos de
un Estado contra los de otro. En el caso á que nos venimos refiriendo,
el Presidente, los directores y demás miembros del banco nacional
afirmaban ser ciudadanos de Pennsylvania, y que los demandados lo eran
de Georgia, y esta afirmacion, que no fué contrariada ó negada, bastó
para fundar la jurisdiccion del tribunal de circuito. En los litigios
seguidos por el banco nacional creado en 1816 no habria sido necesaria
semejante afirmacion, porque la ley de su creacion (10 de Abril de 1816)
lo faculta para demandar y ser demandado tanto ante los tribunales de
circuito de la federacion, como ante los tribunales de los Estados. A no
existir esta disposicion terminante, difícilmente habria podido darse el
caso de que el banco nacional demandara ante los tribunales, pues que si
debiera examinarse la circunstancia de la ciudadanía de todos sus
miembros, habia pocos Estados ó tal vez ninguno, en que alguno de sus
ciudadanos no fuera accionista de dicho banco. Habia sido indispensable,
por lo mismo, que el congreso dictara alguna disposicion especial acerca
de la jurisdiccion que debia conocer de los litigios que afectaran sus
intereses, ó ninguna habria sido competente; y con mucho fundamento
observó la Suprema Corte, que si para que el banco pudiera demandar á
una persona fuera impedimento la circunstancia de que era ciudadano del
mismo Estado que uno de los accionistas habria sido ilusoria la
jurisdiccion de los tribunales federales respecto á esos negocios.
Un administrador de bienes agenos (_trustee_) puede demandar ante los
tribunales federales en virtud de su propio carácter, sea nacional ó
extranjero, si desempeña su cometido en debida forma, sin que obste el
carácter ó domicilio de su mandante á no ser que se hubiera conferido el
mandato con el fraudulento fin de crear la jurisdiccion.[119] Esta regla
es aplicable tambien á los albaceas testamentarios y dativos, á quienes
se considera como partes verdaderamente interesadas; pero no lo es al
cesionario general (ó síndico) de un deudor insolvente, porque éste no
podrá demandar ante los tribunales federales, á no ser que dicho deudor
pueda demandar ante ellos. Por la seccion 11ª del _Judiciary Act_, no
hace nacer la jurisdiccion de los tribunales federales la cesion de
bienes muebles, exceptuándose la de las letras de cambio de procedencia
extranjera, á no ser que su primitivo poseedor hubiera tenido derecho á
demandar ante ellos, sin que importe al caso que la cesion haya dimanado
del hecho de la parte ó de la accion de la ley. Pero los albaceas
testamentarios y dativos no son cesionarios, segun la mente de la
precitada seccion del _Judiciary Act_.[120]
[119] «_Chappedelaine v. Decheneux_» 4 _Cranch_, 306, 308; _Browne
v. Strode_, 5 _Cranch_, 303, Véase además 5 _Cranch_, 91, y
«_Childress v. Emory_,» 8 _Wheaton_, 642. Procede la jurisdiccion
de los tribunales de circuito de la federacion, aun cuando el actor
nominal y el verdadero demandado sean ciudadanos de un mismo
Estado, si la parte á quien el primero representa es ciudadano de
otro Estado. «_Browne v. Strode_;» _Mchutt v. Bland_,» 2 Howard U.
S. 9.
[120] «_Sere v. Pitot_,» 6 _Cranch_, 332; «_Mayer v. Foulkrod_,» 4
_Washington_ C. C. 349. Se ha resuelto judicialmente que el tenedor
de un pagaré extendido á favor de A ó del portador, puede demandar
ante los tribunales federales en su propio nombre, y que no es
aplicable al caso la seccion 11.ª del Judiciary Act. «_Ballard v.
Bell_,» 1 _Mason_, 243; «_Halstead v. Lyon_,» 2 _Mc Lean_, 226. Así
el tenedor de un documento negociable, pagadero á la órden del
mismo que lo hizo, y endozado á otro, puede demandar al primero en
los tribunales federales, aunque el tenedor sea ciudadano de otro
Estado, pues que la traslacion del derecho se verifica no por la
_cesion_, sino por la tradicion al comprador «_Jowne v. Smith_,» U.
S. C. C. Massachusetts Law Reporter de Mayo, 1846. «_Joffee v.
Planter's Bank of Tennessee_,» 13 _Howard_, U.S. 183.
El Distrito de Colombia y los territorios no son _Estados_ segun la
mente de la Constitucion y del _Judiciary Act_, para el efecto de que
sus ciudadanos puedan demandar á los de los Estados ante los tribunales
federales, por extraño que parezca, que estos tribunales, que están
siempre abiertos para los extranjeros y los ciudadanos de todos los
Estados, no lo estén tambien para los habitantes de esos distritos, por
la simple consideracion de que no son ciudadanos de un Estado; pero debe
tenerse presente que, como observa la Suprema Corte, ésta es materia
propia para la deliberacion del poder legislativo y no del
judicial.[121]
[121] Segun la mente de la Constitucion, la palabra _Estado_ solo
es aplicable á los miembros de la confederacion americana, pero no
á los _territorios_ de la federacion. «_Seton v. Hanham_,» R. M.
_Charlton_ Georgia 374; «_Hepburn v. Ellzey_,» 2 _Cranch_, 445;
«_Corporation of New Orst anev. Winter_,» 1 _Wheaton_ 91.
Una vez radicada la jurisdiccion de los tribunales de circuito en un
negocio seguido entre ciudadanos de diferentes Estados, no fenece
porque una de las partes cambie de domicilio durante la litispendecia, y
pase á residir al mismo Estado que su contrincante, pues que la
jurisdiccion depende de la condicion que tienen las cosas al entablarse
la accion.[122] De manera que si la persona á cuyo favor se endosó una
letra vive en un Estado diverso del en que vive su inmediato endosante,
podrá demandar á éste ante el tribunal de circuito, aunque resida en el
mismo Estado que el girador. El endoso constituye un nuevo contrato
entre las partes interesadas en el litigio, distinto enteramente del de
la letra primitiva. "_Young v. Bryan_," 6 _Wheaton_ 146; "_Mollan v.
Torrance_," 9 _Wheaton_, 537.
[122] Por lo mismo el nombramiento de cónsul hecho en favor de una
persona, no pone fin á la jurisdiccion del tribunal de un Estado.
_Koppel v. Heinrichs_, 1 _Barb_ [N York] 449.
V. De los litigios en que un Estado es interesado y no aparece como
parte en las constancias procesales.
El caso de "_Osborn v. The Bank of the United States_" en que un Estado
sostenia que era parte interesada en lo esencial del negocio, trajo á
discusion algunos principios importantes relativos á la jurisdiccion
constitucional de los tribunales federales. La Corte declaró que en
virtud de la ley del Congreso que creó el banco nacional, los tribunales
de circuito tenian expedita su jurisdiccion para conocer de una demanda
en equidad instaurada por el mismo banco, pidiendo que se le amparara en
el ejercicio de sus prerogativas, que temia fueran atropelladas por una
ley del Estado de Ohio; declarando además, que como no se podia demandar
al Estado, el litigio podria seguirse contra aquellos de sus empleados y
funcionarios que tuvieran á su cargo la ejecucion de la ley.
Como la enmienda constitucional (art. 11º de las reformas) no permite
que un Estado pueda ser constituido en reo por individuos de otros
Estados, la Corte pulsó toda la gravedad y lo difícil de la objecion, de
que realmente el Estado de Ohio venia á quedar en ese predicamento,
supuesto que los procedimientos del tribunal vendrian á influir contra
él inmediatamente, impidiendo que sus funcionarios hicieran cumplir una
de sus leyes. Reconoció que el litigio afectaba al Estado de una manera
muy directa; pero tambien observó que si se cedia á la dificultad que se
objetaba, ésta en sus consecuencias, iria hasta destruir completamente
los poderes de la Union. Si en un caso semejante carecieran de
jurisdiccion los tribunales federales, el resultado seria que los
empleados de los Estados, apoyando sus procedimientos en alguna ley
inconstitucional de éstos, podrian estorbar el cumplimiento de
cualquiera ley federal. Los Estados podrian imponer multas y otras penas
á los funcionarios de la Union encargados de la ejecucion de sus leyes,
haciéndolas efectivas gubernativamente, sin necesitar ni siquiera de la
sancion de sus propios tribunales. De esta manera podrian impedir que
desempeñaran sus deberes los conductores de la correspondencia, los
recaudadores de rentas, los _marshals_ de los distritos y demás
empleados de la federacion; y si los tribunales de ésta no pudieran
ampararlos en la ejecucion de _todas_ las leyes indistintamente que
emanen de la Constitucion, contra la accion de los agentes de los
Estados, cuando éstos quisieran hacer efectivas dichas penas, seria
necesario admitir en lo absoluto, que no los podian amparar en la
ejecucion de _ninguna_ ley. La Corte sostuvo con insistencia que el
poder judicial de la federacion no carecia de una jurisdiccion tan
indispensable, y que podia amparar á los encargados de hacer cumplir las
leyes de la Union contra los atentados de los Estados que quisieran
resistirlo por medio de sus propios agentes, empleando al efecto, ó los
remedios preventivos contra éstos, como el _injunction_ y otros; ó
levantando el secuestro de los bienes que hubieran embargado. Declaró
que por lo mismo un litigio entablado contra individuos particulares,
cualquiera que fuese su causa, no era _litigio contra un Estado_, segun
la mente de la Constitucion. Esta quiso que se distinguiera el caso en
que un Estado estuviera interesado, de aquel en que fuera además parte
en el litigio, y para esto, en cuanto á la jurisdiccion, era
indispensable que así constara de autos. La prohibicion constitucional
solo se refiere al caso en que un Estado es parte en autos, requisito
que debe aparecer por la simple vista de las constancias; y este
requisito tiene lugar en todos los casos en que la jurisdiccion depende
del carácter de las partes.[123]
[123] En el caso de «_Mc Nutt v. Bland_,» 2 _Howard_ U.S. 9, se
resolvió que un ciudadano de Mississippi podia ser demandado ante
el tribunal de circuito federal por un ciudadano de otro Estado,
aunque éste instituyera su demanda en nombre de un administrador de
bienes ajenos ciudadano tambien de Mississippi, _con tal de que
aquel fuera parte interesada en el litigio_. El magistrado Daniel
disintió, sosteniendo con fundamento de otras decisiones
anteriores, que la jurisdiccion dependia, no de la condicion de las
partes interesadas en el litigio, sino del carácter de las personas
que aparecian como partes en los autos.
Se volvió á tratar de la jurisdiccion que nace del carácter nacional y
residencia de las partes en el caso "_The Bank of the United States v.
The Planter's Bank of Georgia_",[124] y se declaró: que los tribunales
de circuito eran competentes para conocer de las demandas instituidas
por el banco nacional contra el de un Estado, á pesar de que eran
accionistas en éste el Estado de Georgia, algunos de sus ciudadanos y
aun algunos de los accionistas del banco nacional. Que no debia
considerarse á Georgia como parte demandada en su carácter de Estado, no
obstante que le interesaba la defensa en su condicion de accionista;
porque en todo lo que se refiriera á esta condicion, quedaba desposeido
de su carácter de soberano, tomando el de un ciudadano particular; y
este principio es aplicable á todos los casos en que el gobierno es
miembro de una sociedad mercantil. (_Joseph Story_, 11 _Peters_ U. S.
349.)
[124] 9 _Wheaton_, 904; «_Bank of Kentucky v. Wister_,» 2 _Peters_
U. S. 318, S. P. En este caso se resolvió que un banco podia ser
demandado aun en el evento de que todo su capital y administracion
fueran del Estado que lo incorporó.
En este capítulo hemos visto hasta que punto ejercen la jurisdiccion del
derecho comun los tribunales federales, jurisdiccion que no se les
reconoce en lo criminal. Parece que la doctrina fundada es que toda
jurisdiccion, civil ó criminal, debe derivarse de la Constitucion y de
las leyes que de ella dimanen; pero que una vez conferida, para
ejercerla es necesario recurrir á los principios del derecho comun.
Hemos visto asimismo con qué precauciones y restricciones los tribunales
federales han ejercido su jurisdiccion en los litigios entre nacionales
y extranjeros, y entre ciudadanos de diferentes Estados. En la siguiente
disertacion examinaremos particularmente las facultades y pretensiones
que tienen dichos tribunales en cuanto á la jurisdiccion de almirantazgo
y marina.