La República de Nicaragua ha sido una de las más turbulentas del
Continente. A pesar de la dictadura a que la sometió el Presidente
Zelaya desde 1894 hasta 1910, en los diez últimos años ocurrieron diez y
seis revoluciones.
Las ansias dictatoriales de Zelaya no se satisfacían con la tiranía a
que sometió a su país: pretendió dominar también en los destinos de
Honduras; y temerosas las Repúblicas de Guatemala y Salvador del grado a
que pudiera llegar dicha preponderancia, se aprestaron a entorpecer
aquellos planes acudiendo a la guerra y a ese efecto iniciaron los
oportunos preparativos. En 1907, cuando parecía inminente una
conflagración en Centro América, intervienen el Presidente Roosevelt y
el Presidente Díaz de Méjico y logran que las cinco naciones de esta
parte del Continente, sometan sus querellas a una conferencia que se
acordó tuviera efecto en Washington en el mes de noviembre.
Reunióse dicha conferencia y en ella se acordó establecer un tribunal de
justicia internacional compuesto de cinco miembros, uno por cada nación,
encargado de resolver cuantas contiendas y conflictos se suscitaran
entre ellas. Las esperanzas que se cifraron en esta institución, pronto
se vieron desvanecidas: Zelaya persistió en su antigua conducta,
alentando los movimientos revolucionarios en las otras repúblicas.
En octubre del año 1909, estalla una revolución contra Zelaya, promovida
por los elementos pertenecientes al Partido Conservador y apenas
iniciada, algunas prominentes personalidades de Nicaragua y Honduras,
reclaman del Gobierno de Washington que intervenga para poner fin al
conflicto. La Cancillería Norteamericana, fué sorda en los primeros
momentos a tales instancias, pero no tardó en ocurrir un incidente que
la obligó a abandonar su actitud de pasividad o indiferencia: nos
referimos al fusilamiento, por las autoridades adictas a Zelaya, de dos
americanos acusados de haber tomado parte principal en la revolución.
Con motivo de este suceso, en primero de diciembre el Secretario Knox
hizo entrega de una nota al Encargado de Negocios de Nicaragua, en la
que no se limitó a protestar del mismo, sino que hizo estas
consideraciones: que Zelaya, no conforme con haber suprimido en su país
las instituciones republicanas, con haber amordazado la opinión pública
y con haber reducido a prisión a los que eran contrarios a su política,
en su afán de mezclarse en los asuntos de las otras Repúblicas, había
llegado a ser el germen del perpetuo estado de intranquilidad en que
éstas vivían, y terminaba afirmando que la revolución estaba apoyada por
la mayoría del pueblo nicaragüense, la que era, ostensiblemente,
contraria a Zelaya.
No se necesitó de otra cosa para dar al traste con la tiranía de Zelaya.
Convencido éste de la imposibilidad de mantenerse en el poder contra la
voluntad del Gobierno de Washington, se decidió a abandonarlo, dejándolo
en manos del Dr. Madriz, uno de sus partidarios; y como éste no fuese
reconocido por los Estados Unidos, vióse a su vez también en el caso de
dejar la presidencia, triunfando entonces la revolución, que elevó a ese
puesto a uno de sus caudillos, el Sr. Adolfo Díaz. A partir de este
hecho, se fué acentuando la intervención de los Estados Unidos en los
asuntos de Nicaragua, en la forma que vamos a ver.
En 6 de junio del año 1911, celebraron los Estados Unidos un tratado con
dicha república, por el cual esta última debía quedar bajo la
supervisión financiera de aquélla, debiendo garantizar con sus Aduanas,
el reintegro de las cantidades que habrían de adelantar unos banqueros
norteamericanos para solucionar las dificultades económicas que
existían, quedando facultado el Presidente de los Estados Unidos para
nombrar los recaudadores. Este Tratado fué aprobado por el Senado de
Nicaragua, pero no le cupo la misma suerte en el de los Estados Unidos.
Díjose entonces que había sido otorgado por los gobernantes que eran
producto de la revolución, en recompensa de la ayuda prestada por los
Estados Unidos para derribar a Zelaya, pero que en realidad, quienes
resultaban beneficiados eran los banqueros prestamistas, a cuyo
servicio, por lo visto, se habían puesto los funcionarios del
Departamento de Estado.
No se desanimó el Presidente Taft por el fracaso del Tratado en la Alta
Cámara. Arguyendo que los Estados Unidos tenían el compromiso moral de
mantener la paz en Centro América, e imitando la conducta que siguió
Roosevelt cuando en 1905 el Senado aplazó por tiempo indefinido la
discusión del Tratado con Santo Domingo, se decidió a nombrar por su
cuenta el Recaudador de las Aduanas, que debía retener los fondos
aplicables al pago de la deuda extranjera.
A fines de año, el general Mena, que desempeñaba la cartera de la
Guerra, inicia una revolución. El presidente Díaz sintiéndose impotente
para dominar el movimiento, recurrió al Gobierno de Washington y éste se
apresuró a brindarle el auxilio pedido. Bajo las órdenes del Almirante
Southerland desembarcaron fuerzas en Corinto, las que después de ocupar
las principales ciudades y de hacerse cargo de garantizar el tráfico por
los ferrocarriles, y como para que no quedaran dudas de que apoyaban
resueltamente a las autoridades constituídas, tomaron parte en las
operaciones militares, capturando a algunos jefes rebeldes; visto lo
cual por los otros y convencidos de la inutilidad de su esfuerzo, se
acogieron a la legalidad, terminando la revolución. Como recuerdo de
estos tristes sucesos, desde entonces se encuentra en la capital,
custodiando la legación norteamericana, un destacamento formado por cien
hombres de la infantería de marina de los Estados Unidos.
Por esta misma época el gobierno de Nicaragua, de acuerdo con el de
Washington, nombró una comisión de reclamaciones que debía conocer y
juzgar de todas las que habían sido establecidas contra aquella
república por nacionales y extranjeros y la que integraron tres
miembros, uno que designaron los Estados Unidos y que fungió de
Presidente, otro nombrado por el gobierno nicaragüense y un tercero
designado por este último gobierno a propuesta del de Washington. A
fines del año 1912 esta comisión dió principio a su labor.
Poco a poco la influencia norteamericana fué dominando la vida
financiera de la República. En 1912 el gobierno nicaragüense celebró un
contrato con dos firmas de la banca de New York, por el cual éstas le
hicieron unos anticipos de dinero, comprometiéndose además a rehabilitar
el sistema monetario del país, sobre la base de destruir el papel moneda
y adoptar el patrón oro. Algún tiempo después los propios banqueros
celebraron un nuevo convenio con Nicaragua, esta vez con la sanción del
Secretario de Estado de los Estados Unidos. Según esta convención, los
aludidos banqueros adquirieron el cincuenta por ciento de las acciones
del "Ferrocarril del Pacífico" y del "Banco Nacional de Nicaragua";
debiendo estar dirigidas estas instituciones por un Comité integrado
por tres personas nombradas, dos de ellas, por el Secretario de Hacienda
de Nicaragua y la tercera por el Secretario de Estado de los Estados
Unidos. Los propios bancos neoyorkinos adquirieron el derecho de nombrar
el Colector de las Aduanas.
Juzgó el Presidente Taft que una ingerencia de carácter financiero
exclusivamente, no era suficiente a los fines perseguidos por el
Gobierno de Washington y enterado de que una compañía alemana dedicada
al comercio de plátanos en Costa Rica, realizaba gestiones cerca del
gobierno nicaragüense con objeto de obtener una concesión para la
construcción de un canal por el río San Juan, desde el Lago Grande hasta
el Atlántico, le dió instrucciones al Secretario Knox a fin de que
celebrara un Tratado que afirmara preferentemente la posición de los
Estados Unidos en aquella parte de la América.
Cumplió Knox el encargo. Según los términos del Tratado que estipuló,
los Estados Unidos adquirieron el derecho exclusivo de construir un
canal por el territorio de Nicaragua, una base naval en el golfo de
Fonseca y en arrendamiento, por el término de noventa y nueve años, las
islas "Maíz Grande" y "Maíz Chico", situadas en el mar Caribe; debiendo
pagar los Estados Unidos por todas estas concesiones $1,000.000. En 26
de febrero de 1913 fué sometido este tratado a la aprobación del Senado,
pero a los pocos días cesó Taft, sin que dicho alto cuerpo hubiera
llegado a votarlo.
El Presidente Wilson, que sucedió a Taft, fué más allá que éste.
Juzgando que la acción de los Estados Unidos no se debía limitar, como
lo había entendido su antecesor, a garantizar la situación de los
Estados Unidos en Centro América desde el punto de vista geográfico o
estratégico, sino que se debía encaminar a obtener un mayor predominio
político, apenas ocupó la Presidencia le dió instrucciones a su vez a su
Secretario de Estado, William J. Bryan, para que conviniera un nuevo
tratado, en el que reproduciéndose las cláusulas del anterior, se
consignasen además las disposiciones de la enmienda Platt.
El Secretario Bryan cumplió dicho encargo y en julio del antes citado
año, fué sometido a la aprobación del Senado un nuevo Tratado, que era
el tercero de los proyectados, y en el cual, después de reproducirse las
cláusulas del último a que nos acabamos de referir, se copiaron los
mismos preceptos de la enmienda Platt, que hacen pesar a los Estados
Unidos en los destinos políticos de Cuba. Nicaragua no podría celebrar
ningún Tratado, por el cual otra potencia menoscabara su independencia y
obtuviera jurisdicción sobre alguna porción de su territorio; no
contraería ninguna deuda para el pago de cuyos intereses y
amortizaciones resultaran inadecuados los ingresos ordinarios de la
nación y se le reconocía, al Gobierno de los Estados Unidos, el derecho
de intervenir para preservar la independencia y mantener un gobierno
adecuado.
Apenas se conocieron los términos de este Tratado, se suscitó contra su
aprobación, por parte de las otras repúblicas Centroamericanas, una viva
oposición. Vieron éstas en dicha convención, un protectorado que habría
de amenazar en el futuro sus respectivas soberanías y que habría de
constituir un obstáculo al proyecto, siempre anhelado, de reunirlas a
todas en una confederación. En el Senado de los Estados Unidos, el
proyecto encontró también oposición. Se dijo allí que el propósito que
perseguían sus autores era en realidad el de proteger a los banqueros
que tenían negocios con el Gobierno de Nicaragua, y desanimado el
Presidente Wilson ante tantos obstáculos, desistió de gestionar su
aprobación.
Al año siguiente, sin embargo, la opinión en los Estados Unidos vió las
cosas bajo un aspecto distinto. La guerra europea, cuyas consecuencias
se desconocían, hizo comprender, dice el escritor H. H. Powers, que la
seguridad de la nación se habría de ver amenazada seriamente, en el caso
de que Nicaragua le concediera a otra potencia el derecho de construir
un canal por su territorio. Fué esta consideración, la que movió al
Presidente Wilson a iniciar nuevas negociaciones a fin de recabar, para
los Estados Unidos, el derecho de construir el referido canal; sin
preocuparse ahora, sin duda para no malograr aquel propósito, de recabar
el derecho de intervención en los asuntos políticos y financieros de la
referida república.
Dichas negociaciones tuvieron efecto en la ciudad de Washington entre el
Secretario de Estado William Jennings Bryan y el Ministro acreditado,
por Nicaragua, Emilio Chamorro, los que dieron cima a sus tareas,
suscribiendo el Tratado de 3 de agosto de 1914. Según esta Convención,
que no fué más que una reproducción del tratado proyectado por Taft a
principios del año 1913, los Estados Unidos adquirieron a perpetuidad el
derecho exclusivo de construir un canal interoceánico, por la vía del
río San Juan y el gran lago de Nicaragua, o por cualquiera otra vía,
adquiriendo también, en arrendamiento, por un término de noventa y nueve
años, prorrogables a otros tantos años, las islas del mar Caribe,
conocidas por "Maíz Grande" y "Maíz Chico", así como un lugar en el
golfo de Fonseca, destinado a base naval; debiendo los Estados Unidos, a
cambio de tales concesiones, satisfacer a Nicaragua la suma de
$3,000.000 que se destinarían a la reducción de la deuda pública.
Costa Rica, Honduras y el Salvador, se opusieron a la ratificación de
este Tratado. Costa Rica adujo sus derechos en el río San Juan, e invocó
además la imposibilidad en que se encontraba el Gobierno de Nicaragua
para concertar tal contrato, sin su anuencia, a virtud del Tratado sobre
límites celebrado entre las dos repúblicas desde 15 de abril de 1858.
Honduras y el Salvador alegaron, que el establecimiento de una base
naval en el golfo de Fonseca, por bañar éste parte de sus respectivos
territorios, violaba sus derechos de condueños sobre dichas aguas, amén
de constituir una amenaza para su seguridad y de entrañar una infracción
del Tratado de 20 de diciembre de 1907 celebrado en Washington por la
Conferencia de la Paz Centroamericana, por iniciativa de los Estados
Unidos y de Méjico y por el que se previó que toda disposición o medida
susceptible de alterar la organización constitucional de cualquiera de
las cinco repúblicas, se consideraría como una amenaza para la paz de
las otras, ya que la posición que se le reconocía por Nicaragua a los
Estados Unidos era tan prominente, que quedaba en manos de éstos, la
soberanía y el orden constitucional de aquella República. No obstante
estas protestas, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aconsejó
la ratificación y ésta tuvo efecto, en dicha Alta Cámara, en 18 de
febrero de 1916, aunque con la siguiente declaración o reserva, con la
cual creyeron los senadores que habrían de disuadir los escrúpulos de
las naciones Centroamericanas:
Entiéndese que al aconsejar y consentir en la ratificación de dicha
convención así enmendada, tal consejo y consentimiento se dan en la
inteligencia de que ha de expresarse como parte del instrumento de
ratificación, que nada en dicha convención lleva en mira afectar
cualquier derecho existente de ninguno de los referidos Estados.
A pesar de que el Tratado a que nos acabamos de referir no contiene
cláusula alguna por la cual se le otorgue al gobierno de los Estados
Unidos la facultad de intervenir en materia de finanzas, de orden
público y de sanidad, no por eso se deja de sentir la influencia de los
Estados Unidos, la que paulatinamente ha ido invadiéndolo todo. Ya desde
antes, la Hacienda pública estaba controlada, según hemos visto, por
unos banqueros neoyorkinos; las tropas de la poderosa República han
desembarcado cada vez que ha sido necesario mantener el orden y para que
se vea hasta dónde ha llegado esa ingerencia, basta con que refiramos
que en las elecciones de 1916, en la que se disputaban la Presidencia
cinco candidatos, el Ministro de los Estados Unidos tuvo a bien declarar
que debían ser excluidos de la contienda los que hubiesen tenido alguna
conexión con el gobierno de Zelaya o hubieran conspirado contra el
Gobierno de Adolfo Díaz, declaración, que al producir el efecto de
descartar a cuatro aspirantes, le dió el triunfo a Emiliano Chamorro,
que contaba con las simpatías del Gobierno de Washington.
Esa conducta fué rectificada después, con motivo de sucesos posteriores,
por la administración del Presidente Wilson. Este, a mediados del año de
1920, hizo, por medio del Ministro en Managua, una declaración
significativa, al menos en la apariencia, de un cambio en la política
seguida en los asuntos nicaragüenses. He aquí dicha declaración:
Representantes de los diferentes partidos políticos de Nicaragua
han hecho repetidas indagaciones en el Departamento de Estado con
el fin de saber si ciertas personas mencionadas serían gratas al
Gobierno de Washington como candidatos a la Presidencia. Para
evitar equivocaciones con referencia a la situación, mi gobierno me
autoriza para declarar que la cuestión de candidaturas para la
Presidencia de Nicaragua, es una cuestión para ser decidida por el
pueblo de Nicaragua en la plena y libre expresión de la opinión
pública.
Las relaciones excepcionalmente estrechas que existen entre
Nicaragua y los Estados Unidos crean en el Gobierno y el pueblo de
los Estados Unidos un profundo y permanente interés en que la
elección presidencial en Nicaragua sea conducida en el más alto
plano, asegurando a todos los sufragantes legales, no sólo la
libertad de opinión, sino la cabal constancia de esa opinión en los
resultados finales.
El Gobierno de los Estados Unidos no ha expresado opinión en cuanto
a las personas que han sido mencionadas como candidatos para la
Presidencia. Su solo interés consiste en que las próximas
elecciones sean caracterizadas por la mayor honradez y libertad;
que se haga un fiel escrutinio de la votación y que el candidato
que reciba el mayor número de votos populares sea declarado el
Presidente electo de Nicaragua.
(F)