(A)
(1783) ÁREA COMPRENDIDA ENTRE LOS MONTES ALLEGHANIES Y EL RÍO
MISSISSIPPI.
A principios del siglo XVIII, el extenso territorio que hoy ocupa la
República norteamericana formaba tres distintas colonias: una española,
otra francesa y otra inglesa. Esta última ocupaba un área muy reducida
en proporción a las otras dos. No era más que una faja de territorio que
corría desde el río Penobscot, en Maine, hasta el cabo Romano en la
Carolina del Sur, y desde el Atlántico hasta la cordillera de los
Alleghanies. Sin embargo, con el andar de los tiempos, la colonia
inglesa primero, los Estados Unidos después, uniendo la acción social a
la política, lograron terminar con las dominaciones europeas y agregaron
a su territorio el área inmensa de sus colonias.
Comenzó la expansión de los Estados Unidos antes de que los
norteamericanos alcanzaran la independencia. Esta manifestación,
aparentemente paradójica, no lo es. Los primeros pasos del proceso
expansionista se dieron a principios del siglo XVIII por los colonos
virginianos directamente, sin recibir el apoyo moral ni el auxilio
material de la corona británica; y a fines de este mismo siglo, esos
esfuerzos, que aún no habían desmayado, resultaron coetáneos con los que
hicieron los colonos por alcanzar la independencia.
El territorio de las trece colonias primitivas tenía tan sólo 341,752
millas cuadradas, y el que se le asignó a los Estados Unidos por el
Tratado de París de 3 de septiembre de 1783, que puso término a la
guerra de independencia, abarcaba además otra área de 488,248 millas,
comprendida entre los Alleghanies y el río Mississippi. Los delegados de
las colonias insistieron con razón en que ese territorio pertenecía a la
nueva República, porque había sido adquirido merced al esfuerzo de los
colonos.
Vamos a examinar los hechos en que se fundaron los delegados
norteamericanos para reclamar un territorio mayor que el que
correspondía a las colonias.
Pretendieron siempre los colonos ingleses que los dominios británicos se
extendían por el oeste hasta el río Mississippi; y los franceses, por su
parte, dueños entonces del Canadá, alegaban que era de ellos el
territorio que limitaban los ríos Mississippi y Ohio y los grandes
lagos, o séase el que hoy ocupan los estados de Ohio, Indiana, Illinois,
Michigan, Wisconsin y parte de Pensylvania, y que hacia el oeste de los
Alleghanies, tan sólo pertenecía a Inglaterra el territorio situado al
sur del río Ohio, es decir, lo que hoy forman los estados de Kentucky,
Tennessee y parte de Virginia.
En 1718, Alexander Spottswood, Gobernador de Virginia, cruzó al frente
de una expedición la cordillera de los Alleghanies. Iba a explorar; iba
como quien va a tomar posesión de algo de que se es dueño y se quiere
conocer. No llegó más que hasta el río Shenandoah, y no produjo la
expedición ninguna consecuencia, como no fuera la de instituirse una
orden que se denominó "Tramontana" y con la que Spottswood quiso
condecorar a sus acompañantes en recuerdo de su viaje. Así y todo, los
escritores consideran siempre a Spottswood, como al que dió el primer
paso en el camino de la expansión.
A mediados del mismo siglo, en tiempos de otro Gobernador de Virginia,
Robert Dinwiddie, se ponen en conflicto los intereses de los colonos
ingleses con los de los franceses por la posesión del territorio situado
al norte del río Ohio. Mientras la pretensión de los virginianos no se
tradujo en hechos, el asunto carecía de interés. Tratábase de una
inmensidad de territorio, inexplorado, habitado tan sólo por tribus
indias. Pero he aquí que Dinwiddie, siguiendo el sistema de colonización
a que tan aficionados fueron los ingleses, le otorga a una Compañía que
se formó entre virginianos, y que se denominó de "Ohio", el derecho al
disfrute de dicho territorio y manda a construir un fuerte en la orilla
del río de ese nombre; y que los franceses, que de esto se enteran, le
hacen saber a dicho Gobernador que no les permitirán a los virginianos
explotar ese territorio; y ya tenemos en conflicto, por primera vez, a
los norteamericanos por la posesión de terrenos contiguos a los suyos.
El Gobernador Dinwiddie quiso conocer cuál era la actitud de los
franceses en este asunto; cuáles eran sus verdaderas aspiraciones acerca
del discutido territorio situado al norte del río Ohio, y decidió enviar
un comisionado que se entrevistara con las autoridades francesas y se
hiciera cargo de sus pretensiones. Para desempeñar tan difícil encargo
se comisionó a un joven perteneciente a una ilustre familia de Virginia,
cuyo nombre excelso habría de llenar después una de las páginas más
grandes de la historia de la humanidad, y que con esa aventura se inició
en la vida pública de su país: George Washington.
A fines del año 1753, Washington salió de Virginia y, dirigiéndose hacia
el Norte, venciendo obstáculos y distancias inconcebibles, llegó hasta
las inmediaciones del lago Erie, entrevistándose en el fuerte Le Baeuf
con el jefe de las fuerzas francesas, Gardeur de Saint Pierre. Este lo
colmó de atenciones; pero le hizo presente, para que así lo hiciera
saber al Gobernador de Virginia, que si los colonos ingleses no
evacuaban la parte norte del río Ohio, se vería compelido a expulsarlos
por la fuerza. Al conocer Dinwiddie esa actitud, reclamó auxilios de
Inglaterra; pero esta nación ni siquiera prestó oídos a la petición.
A pesar de esta actitud de la Corona Británica, los virginianos
decidieron pelear. En 2 de abril del año 1754, Washington, con el grado
de Teniente Coronel y al frente de dos compañías, se dirigió al Norte.
La suerte le fué adversa: en 4 de julio de ese año tuvo que rendirse a
los franceses en el fuerte "Necesidad".
Inglaterra hasta entonces no había dado pruebas de preocuparse de las
luchas de sus colonos con los franceses; pero esta vez se preocupó, por
el sesgo que llevaban estos asuntos, y envió a América al general
Braddock al frente de algunos refuerzos. Braddock, con las fuerzas
traídas de Inglaterra y con otras americanas, inició en el verano del
año 1755 una nueva campaña; pero el éxito sonrió otra vez a las armas
francesas.
Al año siguiente comienza la guerra de los siete años, y tuvo ésta por
escenario no sólo a Europa, sino también los campos de América. El
territorio hasta entonces disputado, el situado al norte del río Ohio,
fué el teatro de la lucha. Al principio la suerte fué adversa a los
ingleses, pero como se enviara desde Inglaterra un contingente de 50,000
hombres, el éxito se cambió para esta nación; y desde el año 1759, con
la toma de los fuertes Niágara y Ticonderoga, quedó decidido el triunfo
de la campaña.
Con el tratado de París, de 10 de febrero de 1763, dió término la guerra
de los siete años; y al quedar resueltos definitivamente los destinos de
Francia en América, con la cesión que hizo del Canadá en favor de
Inglaterra, quedó decidida también la suerte de los terrenos del norte
del río Ohio, es decir, el conflicto que desde mediados del siglo armó
en guerra a los virginianos.
La Gran Bretaña, al quedar en posesión del territorio que nos ocupa,
cometió una injusticia. En vez de agregarle a Virginia el referido
territorio, ya que por su posesión tanto había combatido esta colonia,
lo puso bajo la dependencia del Canadá. Los virginianos no pudieron
decir, sin embargo, que habían perdido el tiempo. Su esfuerzo no fué
infructuoso: consiguieron adiestrarse en las artes de la guerra, y esa
práctica había de resultarles de gran provecho pocos años después,
cuando estalló la insurrección de las colonias.
Expuesta ya, a grandes rasgos, la acción de los colonos ingleses en el
territorio situado al norte del río Ohio, antes de la independencia,
ocupémonos ahora del situado al sur de dicho río, es decir, del que
forma el área que hoy tienen los Estados de Kentucky y Tennessee.
Los franceses no les negaron nunca a los ingleses su derecho a ese
territorio. Disputaron siempre la dominación del territorio del norte
del río Ohio, pero los del Sur los consideraron siempre como de la
pertenencia de Inglaterra, y para esta nación formaban parte de
Virginia.
La ocupación de ese territorio por Virginia, puede citarse como un
ejemplo de que la expansión norteamericana fué, más bien que obra de la
acción política del gobierno, un producto o un resultado de la actividad
individual. En Virginia, el eje de la organización social estaba
constituído, por así decirlo, por los propietarios rurales; y estimando
éstos que ya los terrenos de dicha colonia resultaban insuficientes para
sus cultivos, se fueron extendiendo poco a poco hacia el Oeste. El
cultivo, del tabaco especialmente, requería nuevas tierras. La
iniciativa individual comenzó, pues, la expansión, antes que la
actividad política. Tuvo tal importancia la actividad privada, que una
de las compañías formadas para la explotación de las nuevas tierras, la
llamada de "Los propietarios de la Colonia de Transilvania", instituyó
un gobierno propio formado por los colonos; gobierno que fué suprimido
después por el de Virginia, pero cuando ya su Cámara había tenido tiempo
de votar seis leyes.
A medida que los nuevos territorios iban ganando en importancia, fué
arraigando en sus moradores el propósito de que los mismos fueran algo
más que una simple posesión de Virginia; y cuando esa idea estuvo firme
en las conciencias, el pueblo, reunido en convención en 7 de junio de
1778, designó dos Delegados que se dirigieron a Williamsburg, capital de
Virginia, para pedir su incorporación a esta colonia como un nuevo
Condado dentro de la misma. Llegaron dichos Delegados cuando la Asamblea
de Virginia declaraba su independencia de Inglaterra; pero obtuvieron su
objeto: seis meses después, el tan citado territorio formaba un nuevo
Condado.
La revolución, por la fuerza de las armas, consagró para las colonias el
dominio del territorio situado al norte del río Ohio. El joven
virginiano George Rogers Clark, al frente de un ejército, sostuvo dos
admirables campañas durante los años 1778 y 1779, que culminaron con la
rendición del coronel Hamilton, jefe de las fuerzas inglesas en
Vicennes, quedando toda la región en poder de los revolucionarios.
Expuestos ya los esfuerzos de los colonos norteamericanos por adquirir y
dominar la región situada entre los Alleghanies y el río Mississippi,
réstanos referirnos a la actividad de los comisionados de la paz, en
1783, a fin de asegurarla definitivamente, para la nueva nacionalidad.
Cuando se trató de ese asunto en las conferencias de París, con tal
tesón defendieron los delegados norteamericanos la aspiración de la
nueva República, de que el río Mississippi señalara su lindero
occidental, que los ingleses se allanaron, aunque de mal grado, a dicha
petición. Pero inesperadamente surgió un serio obstáculo: el Gobierno de
Luis XVI se opuso a que el dominio de ese territorio pasara a los
Estados Unidos.
Francia y España en aquel entonces marchaban de perfecto acuerdo, y Luis
XVI aspiraba a que Inglaterra conservara el dominio del territorio
situado al norte del río Ohio y España el situado al sur de dicho río.
Los Delegados americanos se veían en un trance apurado. El Congreso de
los Estados Unidos, creyendo en la buena fe y en la amistad de Francia,
así como en la espontaneidad del auxilio que le había prestado a los
revolucionarios, había encargado a dichos delegados que tomaran por
Consejero al rey de Francia. Con efecto, por un acuerdo adoptado por el
Congreso en 8 de junio de 1781, se les confería a los delegados esta
instrucción:
Deben Uds. tener muy al corriente de cuanto ocurra en las
conferencias a los Ministros de nuestro generoso aliado el rey de
Francia; no deben dar ningún paso, ni convenir nada, sin su
consentimiento; han de inspirarse en sus consejos y opiniones.
¿Cómo se explica tan difícil situación? ¿Qué significaba que mientras
los ingleses no oponían obstáculos a la aspiración de darle a la nueva
República la extensión reclamada por sus delegados, se viniera a colocar
frente a esa aspiración el Gobierno de Francia, su gran amigo y aliado?
Vamos a explicarlo. En primer lugar, la amistad de Francia hacia los
revolucionarios no fué nunca tan espontánea como éstos se la imaginaban.
Los ayudaban, no por otra cosa que por el deseo de perjudicar a
Inglaterra, entonces su enemiga y rival; y hasta tal punto es esto
cierto, que Turgot, uno de los ministros de Luis XVI, en un caso declaró
que a la larga a Francia no le convenía que en la lucha entre Inglaterra
y sus revueltas colonias triunfara aquélla, porque entonces retiraría de
éstas y traería al Continente el contingente de tropas que en ellas
combatía. El mismo Luis XVI y sus ministros, en más de una ocasión
significaron que aun cuando ayudaban a los revolucionarios, no por
simpatía, sino porque esta ayuda redundaba en daño de Inglaterra, no por
eso dejaban de experimentar ciertos escrúpulos, pues era un mal ejemplo
que un monarca auxiliara ostensiblemente la formación de una República
democrática.
Francia sabía lo que quería al oponerse a las pretensiones de los
delegados americanos:
Vió con mirada profética, dice el insigne escritor norteamericano
Willis Fletcher Johnson, que el acceso de los americanos al río
Mississippi habría de significar en lo futuro el control de éstos
sobre dicho río, y en definitiva su completo predominio sobre el
hemisferio occidental.
Tenía además otra mira: vislumbraba que cedido a España el territorio
situado al sur del río Ohio, dicho territorio, en fecha próxima,
llegaría a ser suyo, dado su predominio en los asuntos de esta monarquía
con la que marchaba en completa inteligencia.
Ya veía en lo futuro, dice el referido autor, el Tratado de San
Ildefonso.
Para conseguir su propósito, la diplomacia francesa ponía en juego toda
su habilidad. Le hacía ver a los delegados ingleses que los americanos
tenían que seguir sus consejos; y nada mejor, por otro lado, para
excitar la codicia de aquéllos, que halagarlos con la adquisición de
todo el territorio situado al norte del río Ohio. Les decía que se
hicieran fuertes, y al propio tiempo les hacía ver que en sus manos
estaba vencer la resistencia de los norteamericanos.
Los comisionados americanos, John Adams, John Hay y Benjamín Franklin,
dándose cuenta de que al conferirles el Congreso sus instrucciones, éste
no conocía cuál era la verdadera disposición y cuáles eran los
propósitos del Gobierno de Francia, no tuvieron inconveniente en
desobedecer dichas instrucciones. Franklin tenía sus escrúpulos, pero
Hay se los supo desvanecer. Como decía Adams, esa desobediencia los
llenaba de gloria.
Los ingleses se allanaron a la petición de los americanos; y una vez
firmado el Tratado, fué éste llevado para su ratificación al Congreso,
que sin duda se felicitó de que los comisionados hubiesen desobedecido
sus instrucciones. De esta manera las trece colonias, al obtener su
independencia, consagraron la adquisición de un territorio aun mayor que
su área. Las colonias, como antes dijimos, contaban con 341,752 millas
cuadradas, y el terreno que además se les reconocía contaba 488,248
millas.
El estudio del régimen a que fué sometido ese territorio es del mayor
interés. Los estados de New York, Connecticut, las dos Carolinas,
Virginia y Georgia, se habían distribuído el área de esa región; y
primeramente New York, y sucesivamente los otros estados fueron cediendo
la que se habían agregado, al Gobierno de la Confederación. Este hecho,
la conversión de esta región, que dejaba de pertenecer a determinados
estados para ser del dominio común, tuvo para la confederación, en el
orden moral, una importancia trascendental, de la que quizás la nación
misma no se dió cuenta, dice Willis Fletcher Johnson.
La idea, dice, de que tan enorme propiedad era del dominio de
todos, fué un fuerte lazo de unión que hizo sentir, quizás más que
ningún otro, la fuerza y la conveniencia de mantenerse unidos.
Fué, dice el historiador John Fiske, la primera cuestión en que estuvo
interesado todo el pueblo después que hubo obtenido su independencia.
Establecida la nueva nacionalidad, era necesario proveer de alguna
manera al Gobierno de la región situada al norte del río Ohio, o sea,
como antes dijimos, la que hoy ocupan los cinco grandes estados de Ohio,
Illinois, Michigan, Indiana y Wisconsin. A tal objeto se promulgó, en 13
de julio de 1787, la famosa "Ordenanza para el gobierno del territorio
de los Estados Unidos, situado al noroeste del río Ohio", y se puede
decir que el Congreso, al confeccionarla, se colocó a la altura del
genio político de los norteamericanos. Con razón se ha considerado esa
Ordenanza, junto con la Declaración de Independencia y la Constitución,
como los grandes monumentos del Derecho Constitucional de los Estados
Unidos.
La Ordenanza abrazaba cuatro materias: consignaba disposiciones para el
gobierno del territorio; les otorgaba derechos individuales a sus
moradores; establecía ciertos requisitos mediante los cuales dicha
región se podía convertir en Estado, y últimamente prohibía en ella la
esclavitud.
Con respecto al gobierno, se disponía que éste habría de radicar en un
Gobernador; un Secretario y tres jueces designados por la Confederación;
una Legislatura con amplias facultades, compuesta por una Asamblea
General de elección popular, y otra Cámara, compuesta de cinco miembros,
designada por el Congreso de la Confederación de entre una propuesta de
diez personas formada por la Asamblea. Los habitantes del territorio
debían contribuir con determinada suma a los gastos de la
Confederación, pero la Legislatura era la encargada de asignar y
distribuir los ingresos.
Se reconoció a los habitantes el Habeas Corpus, el derecho de propiedad,
el de ser juzgados por un jurado y, en fin, todas las garantías que
constituyen la esencia de la libertad individual en los anglosajones.
Acerca de la formación de nuevos Estados, se proveía que éstos habrían
de ser no menos de tres, ni más de cinco, y se daban facilidades para
dicha formación. Bastaba con que en una región existiera una comunidad
compuesta de sesenta mil habitantes; que se diera su constitución, y que
estableciera su gobierno; eso sí, era necesario que éste fuese
republicano y no estuviera en contradicción con los intereses
fundamentales de la Confederación.
No es posible pedir mayor sabiduría, ni mayor consecuencia que la que
demostró el Congreso de la Confederación para con el principio del
gobierno propio al calor del cual habían surgido los Estados Unidos. Por
primera vez se dió ante el mundo el ejemplo de que un Estado,
espontáneamente, al adquirir por expansión un territorio, les ofreciera
a los habitantes del mismo el gobierno propio.
Diez y seis años después de promulgada la Ordenanza, Ohio era admitido
como Estado, y antes de que transcurriera la primera mitad del siglo
pasado, fueron reconocidos los otros cuatro.
(B)
(1803) LOUISIANA.
En 1803, es decir, a los veinte años de constituída la República
norteamericana, se vió duplicada su extensión territorial con la compra,
a Francia, de la Louisiana, compuesta de 883,072 millas cuadradas. Basta
decir, para darnos cuenta de lo que abarca tan dilatada extensión, que
dentro de la misma cabrían las superficies de Francia, Alemania,
Austria-Hungría y España. Las causas de la adquisición de ese
territorio, y su destino dentro de la Unión, va a ser ahora objeto de
estas líneas.
Apenas obtenida la independencia, la colonización de Kentucky y de
Tennessee había obtenido proporciones inconcebibles; hasta el punto de
que, antes de que terminara el siglo XVIII, ya esas dos regiones habían
sido proclamadas como Estados. La inmigración hacia ellas, que había
tomado gran auge, ya no se conformaba con llegar hasta el río
Mississippi, que era su límite occidental, sino que después de
atravesarlo, hubo de extenderse por la otra banda. En pleno territorio
español se habían establecido varios millares de colonos americanos
dedicados al cultivo de la tierra, con la ventaja, para ellos, de no
estar sometidos a gobierno alguno, pues la soberanía española, en gran
parte de tan dilatada extensión, era más bien nominal que efectiva. En
San Luis, en Nuevo Madrid, en Santa Genoveva, en las principales
poblaciones de la Louisiana, había un gran número de americanos.
Con tales antecedentes, fácilmente se comprenderá que para el desarrollo
de la nueva nación, para el crecimiento de su comercio y de su
industria, en aquella época en que no había ferrocarriles, ni buenos
caminos, había de ser de excepcional importancia la facilidad en la
navegación del río Mississippi; y que para los norteamericanos tenía que
entrañar honda gravedad el hecho de que se pusiera inconvenientes a
dicha navegación. Eso fué lo que hizo España, torpemente inspirada.
El río Mississippi, en la última parte de su curso, corría por
territorio español: por un lado bañaba la Louisiana y por otro la
Florida Occidental; y España, ya predispuesta, pues siempre vió a los
anglosajones en América con gran recelo, por creer que ella debía ser la
única dueña de los destinos del Continente, como se enterara de cierta
cláusula secreta del Tratado de París, de 1783, entre los Estados Unidos
e Inglaterra, que la afectaba, al año siguiente puso serios obstáculos a
la navegación del río.
Por la cláusula de dicho Tratado que tanto alarmó a España, se convenía,
al fijar el límite meridional de los Estados Unidos con la Florida
Occidental, que, en el caso de que ésta pasara al dominio de Inglaterra,
ese límite se correría hacia el Norte; y más al Sur, como en unas cien
millas, en el caso de que permaneciera en poder de España. Este
territorio, de tan problemático destino, llamábase Yazoo.
No hay que decir que al interrumpirse la navegación del río, los
intereses norteamericanos, perjudicados por tal medida, reclamaron
protección de manera imperiosa. Thomas Amis, comerciante de la Carolina
del Norte, que había fletado una embarcación con productos que debían
salir al Océano, vió éstos confiscados y él reducido a prisión por las
autoridades españolas; y como este caso se repitiera, toda la nación
pidió que se exigiera la libre navegación por el río.
Los habitantes del Estado de Kentucky, a quienes interesaba tanto como a
los que más la navegación del río, extremaron la nota de la protesta.
Dirigidos por George Rogers Clark se armaron en pie de guerra,
amenazando con separarse de la Unión si ésta no podía conseguir que
triunfara su petición. Todo el Estado se aprestó a la lucha: o se
conseguía la libre navegación del río, o Kentucky se declaraba separado
de la Unión. Los gobernantes españoles de Nueva Orleans, por su parte,
avivaban el fuego diciéndole al oído a los kentuckianos que, si se
declaraban independientes, España les reconocía el derecho a la libre
navegación del río.
George Washington, a la sazón Presidente de la República, juzgó que ese
asunto se debía gestionar y resolver de una vez en la misma España, y a
tal objeto, en 1795, envió a Thomas Pinckney, como Ministro a dicha
nación, con terminantes instrucciones. Pinckney, puesto al habla con el
Príncipe de la Paz, el famoso ministro español, ventiló las diferencias
entre las dos naciones, y los esfuerzos de dichos diplomáticos
culminaron en el Tratado de 20 de octubre de 1795.
Dicho tratado constituyó un verdadero triunfo para la diplomacia
norteamericana. Se les reconoció a los Estados Unidos el lindero con la
Florida, que se había fijado en el Tratado de París, quedando, por
tanto, en poder de la nueva nación el territorio de Yazoo, cuya posesión
era objeto de tantos recelos, y se les reconocía además a los americanos
el derecho de depositar sus mercancías en Nueva Orleans, durante tres
años, pasados los cuales se podía escoger ese lugar, u otro, para dicho
depósito. Con esto quedó calmada la agitación en Kentucky, y el
desasosiego en todos los demás estados bañados por el río Mississippi y
su afluente el río Ohio.
No pasó mucho tiempo sin que el interés del pueblo americano volviera a
concentrarse en los asuntos de Louisiana. No habían transcurrido más que
cinco años de haberse firmado el Tratado de Madrid, antes citado, de 20
de octubre de 1795, cuando se firmó el de San Ildefonso, de 1º de
octubre de 1800, por el que España transfería a Francia el dominio de
dicha provincia. ¿Por qué se hizo esa cesión? España tuvo una razón:
temerosa del auge e importancia que día por día iba cobrando la Unión,
pensó que el río Mississippi era una frontera muy endeble, y que mejor
convenía a sus intereses retirarse a sus posesiones de Méjico y colocar
entre ella y los Estados Unidos a una gran potencia europea, que fuera
capaz de oponer resistencia a la expansión de la gran República. Además,
España quería adquirir una provincia en la península italiana, y
Napoleón estaba en condiciones de cederla a cambio de la Louisiana.
Por otra parte Napoleón, en sus delirios de grandeza y de dominación, se
sentía halagado con la idea de poseer en América un vasto imperio
colonial. Ya soñaba no sólo con la posesión de la Louisiana, sino en
fomentar desde ella una insurrección del elemento francés residente en
el Canadá, la cual, al triunfar, le daría de nuevo a Francia el dominio
de tan vasto territorio.
El tratado de San Ildefonso se debía mantener en secreto. Se quería
esperar a que las guerras del viejo Continente le dieran una tregua a
Napoleón que le permitiera enviar un contingente que ocupara la nueva
provincia; y mientras tanto ésta seguiría gobernada por las autoridades
españolas. España no consignó los límites de la Louisiana; transfirió su
territorio sin expresar linderos; pero de lo que sí se preocupó--y esto
se consignó en una cláusula--fué de exigirle a Francia el compromiso de
que en ningún caso la transferiría a otra nación: debía conservar su
dominio para siempre; lo que prueba que fué el temor a que la expansión
norteamericana tocara sus confines lo que la llevó a ceder tan valiosa
posesión.
Hasta la primavera del año 1802 no se enteraron en los Estados Unidos de
la existencia del tratado de San Ildefonso. Honda preocupación produjo
ese hecho. No era lo mismo tener por vecina a una nación arruinada y
decadente, como era España, que a Francia, cuyos alardes de fuerza
traían inquieta a Europa desde hacía tiempo. Además, no se sabía qué
sesgo tomaría ante este cambio la batallona cuestión de la navegación
del río Mississippi, y se temía también que la América--dada la
importancia de las colonias inglesas y españolas, y ahora de la
francesa--se convirtiera en un nuevo centro de las eternas rivalidades,
cuestiones e intrigas de las cancillerías europeas. En 18 de abril de
dicho año, el Presidente de la República, Thomas Jefferson, le escribía
sobre este suceso a Robert R. Livingston, Ministro en París, y lo
lamentaba expresándose así:
La cesión que ha hecho España a Francia, de la Louisiana y de las
Floridas, ha causado en los Estados Unidos un verdadero disgusto,
pues afecta de manera directa a todas nuestras relaciones
políticas. Hay en el mundo un lugar, que tanto nos interesa poseer,
que cualquiera otra nación que lo disfrute tiene que ser,
naturalmente, nuestra enemiga. Ese lugar es Nueva Orleans. La
producción de las tres octavas partes de nuestro territorio tiene
que pasar por allí antes de ir al mercado, con la particularidad de
que esas tres octavas partes de nuestro territorio son tan ricas y
fértiles, que sostienen a más de la mitad de nuestra población y
rinden más de la mitad del valor de nuestros cultivos. De ahí que,
al colocarse Francia en esa puerta, veamos en su actitud un acto de
desafío, y dudo que las dos naciones puedan seguir manteniendo
buenas relaciones.
A pesar del malestar que produjo la noticia de la cesión de la
Louisiana, el asunto quizás no habría tenido más consecuencia que el
disgusto y el mal efecto que produjo, de no haber precipitado los
sucesos una medida imprudente de Morales, Intendente de Nueva Orleans.
En 16 de octubre de 1802, dicho funcionario revocó la orden por la cual
los comerciantes americanos podían depositar las mercancías que
descendieran por el Mississippi, en Nueva Orleans. Según se ha dicho,
Morales procedía por su cuenta; sin que hubiera recibido instrucciones
en tal sentido del rey de España, ni del Gobierno de Francia. Sea ello
lo que fuere, es lo cierto que la medida exasperó los ánimos. En los
Estados fronterizos con los ríos Mississippi y Ohio no se hablaba más
que de ir a la guerra; y la nación, que ya tenía el convencimiento de
que le era indispensable obtener lo de la libre navegación, ahora se
hizo el propósito de tomar alguna acción que produjera el resultado de
dominar y controlar, en forma segura, tan importante vía.
El recuerdo de los perjuicios que había causado en alta mar la marina de
guerra francesa al comercio norteamericano, contribuía a aumentar la
inquietud; y, sobre todo, sabiéndose que la nación, más temprano o más
tarde, tendría que librar una batalla para asegurar de manera eficaz la
navegación del río, se quería dejar resuelto este asunto de manera
definitiva.
La excitación pública culminó en una verdadera exaltación cuando se
conocieron los motivos que tuvo el Intendente Morales para revocar la
disposición sobre el depósito de las mercancías en Nueva Orleans. En 28
de octubre, William C. Claiborne, Gobernador del territorio de
Mississippi, le dirigió una comunicación a Manuel de Salcedo,
Gobernador General de la Louisiana, inquiriendo los motivos por los
cuales se había adoptado semejante resolución, y en 15 del mes siguiente
le contestó explicando esos motivos. Le decía en la contestación que no
era él, sino el Intendente, quien en uso de las facultades que tenía en
materia de comercio y navegación--y las que eran ajenas a las
suyas--había dictado la medida, la cual se había fundado, en primer
lugar, en el hecho de haber transcurrido con exceso los tres años que se
fijaron en el Tratado de 1795, y durante los cuales los americanos
podían depositar sus mercancías en Nueva Orleans; y después, en que a la
sombra del derecho de depósito de los norteamericanos, se cometían
irregularidades y fraudes en alto grado perjudiciales a los intereses
del estado español.
Esa correspondencia fué remitida a la Cámara de Representantes--que la
había pedido al Presidente de la República--en 28 de diciembre, y en los
primeros días del mes de enero del año siguiente dicho cuerpo legislador
adoptó la siguiente moción:
Se declara que esta Cámara se ha enterado con verdadero asombro de
las medidas tomadas por determinadas autoridades españolas de Nueva
Orleans y que dificultan la navegación del río Mississippi, la que
había sido garantizada a los Estados Unidos por medio de formales
estipulaciones; y que de acuerdo con la política de prudencia y de
humanidad que debe guiar a los pueblos libres, y de la que siempre
han sido devotos los Estados Unidos, se confía en que el Ejecutivo
sabrá velar por los derechos de la nación, que han sido
desconocidos, no por Su Majestad Católica, sino más bien por
determinados funcionarios españoles; debiendo manifestar el
inquebrantable propósito de mantener los derechos de navegación y
comercio en el río Mississippi, tal como lo tienen establecido los
Tratados vigentes.
El Presidente Jefferson era partidario de solucionar esta cuestión por
medios pacíficos; confiaba en la diplomacia y atribuía el ardor bélico
que dominaba la nación a maquinaciones de sus adversarios, los
federalistas, para halagar a los habitantes de los estados occidentales,
cuyos sufragios se deseaba obtener para las futuras elecciones.
Este cargo era infundado. Los federalistas en este caso no hacían más
que seguir las inspiraciones de la más grande de sus figuras, el ilustre
Alexander Hamilton; pues así como Jefferson representaba los ideales
democráticos de su pueblo, Hamilton encarnaba la idea de la expansión,
del engrandecimiento de la nación.
Las ideas de Hamilton sobre el destino de su país estaban condensadas en
estas palabras de _El Federalista_: "Tener un verdadero ascendiente en
los asuntos americanos". Desde el Congreso de la Confederación había
pedido que se declarase que la navegación del río Mississippi era un
derecho esencial de la nación, y siendo miembro del Gabinete del
Presidente Washington, había dicho también que la libertad de navegar
por dicho río era indispensable para la unidad del país. En 1798 y en
1799, en varias ocasiones, dijo algo más: manifestó que los Estados
Unidos debían adquirir todo el Continente Septentrional, menos Canadá,
pero incluyendo desde luego Louisiana y las Floridas. Su verdadero
ideal, lo que ambicionaba, era que su patria se engrandeciera y dominara
en el Norte, y que las diversas colonias de la América meridional se
constituyeran en Repúblicas, unidas a los Estados Unidos por los lazos
de la amistad y de la gratitud.
Una particularidad ofrece este asunto, y es la de que Hamilton, que tan
esencial juzgaba el derecho a la navegación del río Mississippi, no
creía que los Estados Unidos podían hacer valer sus peticiones en el
campo del derecho internacional. A su juicio, desde el punto de vista
jurídico, España podía disponer las medidas que juzgase oportunas; pero
era tan necesario a los Estados Unidos el disfrute de las ventajas de la
navegación, que era justo no sólo imponerlo, sino apoderarse de la
Louisiana como medio de garantizar dicho disfrute. Jefferson, por el
contrario, creía que había un derecho natural a la navegación del río,
cualquiera que fuese la nación que poseyera sus márgenes; y quizás por
esta razón, quizás por la convicción que abrigaba de que estaba el
derecho de su parte, fué por lo que siempre confió en la posibilidad de
un arreglo sin llegar a la guerra.
En manos del Presidente, y en las de la mayoría con que contaba en el
Congreso, estaba la solución definitiva del problema. Los federalistas
presentaron diversas proposiciones, que por considerarlas exageradas y
un tanto comprometedoras fueron desechadas, y en definitiva se adoptó la
que fué presentada por S. Smith, Representante por Maryland. Nada se
decía en dicha proposición sobre el asunto de que se trataba. Se juzgó
discreto limitarse a autorizar al Presidente de la República para gastar
hasta la cantidad de dos millones de pesos en las atenciones que se
originaran.
A pesar de los términos de esta proposición, el Congreso, pocas semanas
después, autorizó el alistamiento de ochenta mil voluntarios; y el
propio Presidente no descuidó un detalle en los preparativos para la
guerra, pues creía indispensable llegar a ella si fracasaban las
negociaciones que se proponía iniciar. Jefferson no tenía otro propósito
que el de obtener garantías, "que aseguraran los derechos e intereses de
los Estados Unidos con respecto a la navegación del Mississippi y al
territorio bañado por su ribera oriental". Así lo hizo constar en su
Mensaje al Senado el 11 de enero de 1803. Para lograr esa finalidad,
juzgó que lo más conveniente era comprar a Francia la parte situada al
Este de la margen de dicho río, y a España la llamada Florida
Occidental, ya que entre ésta y la Louisiana corría el Mississippi en la
última parte de su curso. En ese sentido le confirió instrucciones a
Robert R. Livingston, Ministro en París, y a Charles Pinckney, que lo
era en Madrid. Además se nombró a James Monroe Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario, a fin de que actuara de acuerdo con aquellos
dos.
No creían los comisionados que les fuera fácil conseguir sus propósitos,
pues aunque la posesión de un sitio en la desembocadura del río
Mississippi para depositar las mercancías, y la adquisición, además, de
parte de la Florida Occidental, representaba muy poco para Francia,
había llegado a noticias de aquéllos que Napoleón, en su afán de abatir
el poder de Inglaterra, pensaba formar en América un imperio colonial
más vasto e importante que el Canadá.
El asombro de los comisionados, por esos motivos, llegó al colmo cuando,
entrados ya en negociaciones con Napoleón y con los Ministros Talleyrand
y Marqués de Marbois, y sin que los primeros hubieran revelado otra cosa
que los propósitos contenidos en las instrucciones recibidas del
Presidente Jefferson, súbita e inesperadamente el propio Napoleón les
propuso la venta de toda la Louisiana en quince millones de pesos. Una
ojeada a la posición internacional de Francia en aquellos críticos
momentos nos explica tan repentina determinación. Vamos a darle la
palabra al escritor americano Willis Fletcher Johnson, que la describe
en estos términos:
Si la paz de Amiens hubiese durado más tiempo, Napoleón hubiera
podido realizar sus ambiciosos planes; pero al cesar esa paz,
Inglaterra y Austria se colocan de nuevo frente a Francia e inician
una campaña que sólo había de terminar con lo que terminó: con el
desastre de Waterloo. La flota inglesa constituía un insuperable
obstáculo para enviar un ejército a la Louisiana. Al propio
tiempo, el reciente desastre de la campaña de Haití, restaba
alientos a una empresa de esa clase. Los agentes secretos
aseguraban que la única manera de resistir la invasión de los
norteamericanos, que ya parecía inminente, como lo demostraba el
reciente alistamiento de ochenta mil voluntarios, consistía en
enviar a aquellas regiones un fuerte ejército; sin que pareciera
suficiente el de veinticinco mil hombres que se estaba preparando.
Además, todos los recursos de Francia resultaban escasos para
luchar en su propio territorio. Agréguese a esto que Napoleón
necesitaba dinero, y que le convenía granjearse la amistad de los
norteamericanos a fin de evitar que algún día llegaran a ser
aliados de Inglaterra.
Los comisionados norteamericanos no estaban facultados para tanto; no se
había previsto el caso de que se les propusiera la venta de toda la
Louisiana. Su misión se reducía a asegurar de modo efectivo la
navegación del río, adquiriendo parte del territorio inmediato a sus
márgenes; y aunque nunca pensaron en que fuera la venta de toda la
Louisiana la solución del problema, no titubearon en aceptarla; sin que
se pusieran a discurrir en si podían gastar quince millones en lo que se
les autorizó para emplear sólo dos millones.
Todo se hizo rápidamente. El 12 de abril de 1803 había llegado Monroe a
París, y el día 30 de ese mismo mes, él y Livingston por parte del
Gobierno de los Estados Unidos, y el Marqués de Marbois por parte del de
Francia, estipulaban la venta.
Obsérvese una coincidencia: estos comisionados, como los de la paz en
1803, infringían las instrucciones recibidas del Gobierno; infracción
que había de producir el resultado, en esta oportunidad como en aquélla,
de doblar el área de la Nación.
Fué de esta manera como los Estados Unidos adquirieron el vasto
territorio que hoy está distribuído entre los estados de Louisiana,
Arkansas, Missouri, Nebraska, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur,
gran parte de Minnesota, Wyoming, Colorado, Kansas y Oklahoma, y una
parte también de Mississippi, Alabama y Montana.
Apenas suscrito el Tratado, fué remitido al Presidente Jefferson;
dirigiéndose después Monroe a Londres, donde debía desempeñar el cargo
de Ministro. La impresión que produjo el Tratado, apenas fué conocido en
los círculos oficiales de Washington, sobre todo entre los amigos del
Gobierno, fué de sorpresa y de júbilo; pero, pasados los primeros
momentos, le asaltó al Presidente una preocupación: pensó que la
Constitución no facultaba al Ejecutivo ni al Senado para anexar a la
Unión parte alguna de territorio extranjero. Jefferson era, según la
denominación entonces en boga, un "construccionista"; y, para éstos, al
Gobierno le estaban vedadas aquellas facultades que no le estuvieran
atribuídas expresamente.
Pensó Jefferson, para salir del trance, en la conveniencia de añadirle
una enmienda a la Constitución, por la que se facultase al Presidente y
al Senado para celebrar tratados de anexión; pero su Gabinete lo
disuadió de ese propósito, entre otras razones por la de que el Tratado
debía quedar ratificado dentro de seis meses, y en plazo tan apremiante
no era posible pensar en la reforma constitucional. Se decidió, pues, a
darle su curso al asunto, y en 18 de julio convocó al Congreso a sesión
extraordinaria para el día 17 de octubre. No expresó el objeto de dicha
convocatoria; se limitó a consignar que habría de tratar de asuntos de
gran interés para la nación. Llegado el día de la reunión, dirigió dos
Mensajes, uno al Senado, sometiéndole el Tratado para su ratificación, y
otro a los dos cuerpos sugiriéndoles la necesidad de promulgar
determinadas leyes, una vez obtenida dicha ratificación.
Dos días después de la fecha en que se reunió el Congreso, el Senado
ratificó el Tratado por una votación de 24 contra 7; y pasados otros dos
días, el Presidente se dirigió de nuevo al Congreso recomendándole que
adoptara la legislación procedente sobre el orden de cosas que creaba la
adquisición de la Louisiana. Fueron varias las proposiciones presentadas
por los legisladores amigos del gobierno: una declarando bien hecha la
compra, otra disponiendo medidas para el gobierno del nuevo territorio,
otra autorizando una emisión de bonos para amortizar la deuda contraída
con motivo del pago a Francia del importe de la compra, y otras de
índole parecida. A todas esas proposiciones fueron opuestos los
federales, dirigidos por Griswold, Representante por Connecticut, e
inspirados no en otra cosa que en la política partidarista. ¡Curiosos
vaivenes de la política! Los federales, cuyo jefe Hamilton era el
prototipo de los expansionistas, ahora eran opuestos a la adquisición de
la Louisiana, y el mismo Jefferson resultaba el más ardiente defensor de
los planes que antes había censurado en aquél.
Así y todo, a pesar del marcado sabor político de la discusión, ésta se
mantuvo a gran altura; los debates tuvieron una trascendencia
extraordinaria, agitándose por vez primera algunas de las cuestiones que
aun en este siglo dividen el parecer de los estadistas y mueven la
opinión pública.
John Quincy Adams, a la sazón Senador por Massachusetts, dijo que el
Tratado envolvía una verdadera infracción de la Constitución. Se dijo
por otros que no estaban claros los títulos por los cuales Francia había
adquirido la Louisiana; a lo que se contestó que el hecho de que aquella
nación la vendiera, y el de que las propias autoridades españolas de
Nueva Orleans, al recibir las protestas con motivo de los obstáculos
sobre la navegación del río, hubieran contestado que ya no eran ellas,
sino el Gobierno de Francia el llamado a resolverlas, eran prueba de que
Su Majestad Católica había transferido su dominio; y se apuntó también
lo significativo que resultaba el hecho de que los federales, antes tan
dispuestos a tomar a Nueva Orleans por medio de las armas, ahora
pusieran reparos a los papeles del nuevo territorio. Se dijo también que
el Presidente y el Senado se habían excedido; que la Constitución no
facultaba al Gobierno de los Estados Unidos para adquirir nuevos
territorios; a lo que se contestó que si en la declaración de
independencia se había estipulado que la Unión, como Estado soberano, se
colocaba en las condiciones de los otros que también lo eran, era
indudable que podía hacer todo lo que a éstos les estaba permitido,
incluso adquirir nuevos territorios; lo que, por lo demás, podía
entenderse como una derivación de la facultad de hacer Tratados y de la
de declarar la guerra.
Apelaron también los impugnadores de la venta al recuerdo del nacimiento
de la Unión, a que había surgido a virtud de un pacto o de una
convención, para sostener que siendo su origen contractual, no se la
podía hacer extensiva a territorios ajenos a la Confederación; pero se
adujo en contra de este argumento el precedente del territorio que no
estaba comprendido dentro del área de las primitivas colonias, a que nos
referimos antes, y cuya adquisición consagró el Tratado de París (3 de
septiembre de 1783).
No quedó por ser examinado un solo aspecto del problema. Se denunció
como una infracción constitucional la circunstancia de que el Tratado
les otorgara a los barcos franceses y españoles, en Nueva Orleans,
determinadas ventajas de que no disfrutaban en los Estados de la Unión.
Se habló de la mucha distancia que separaba la Louisiana de la capital
de la nación; de que el pueblo era de otra raza; de que gran parte de la
población de los primitivos Estados era posible que abandonara su
antigua residencia en busca de nuevas tierras, lo que habría de redundar
en perjuicio de aquéllos; de que España era opuesta al Tratado, lo que a
la larga traería serias desavenencias con dicha nación; de que la Unión
iba a tener que distraer todo un ejército en la vigilancia y custodia
del nuevo territorio; y se habló también, por último, de este aspecto
que con seguridad tuvo que ejercer más impresión que ninguno otro en los
jeffersonianos, ya que éstos se consideraban como los voceros de la
democracia: ¿con qué derecho se disponía de la suerte de un país, sin el
consentimiento de sus moradores?
Indudablemente que el principio según el cual los poderes de todo
gobierno no debían tener otra base que no fuera la del consentimiento de
los gobernados, y al que con tanta brillantez se había referido el
propio Jefferson al redactar la declaración de independencia, sufría
ahora un paréntesis. El día 30 de noviembre de 1803, en la casa del
Cabildo de Nueva Orleans, el Marqués de Casa Calvo y don Manuel Salcedo,
a nombre del rey de España, transferían la Louisiana, en medio de
ceremonias rodeadas de mucho aparato y esplendor, al Gobierno del Primer
Cónsul, representado en aquel acto por Pedro Clemente Laussat; y con el
mismo ceremonial, el día 20 del mes siguiente, era transferido el
dominio de la Louisiana al Gobierno de los Estados Unidos, representado
por W. C. Claiborne, Gobernador de Mississippi; sin que en ninguno de
esos dos actos tuvieran los habitantes de la vieja provincia española
otro carácter que el de meros espectadores.
Pero el principio en cuestión no tardó en resplandecer de nuevo y en
brillar con toda intensidad. Véase, si no, lo ocurrido con el gobierno
de Louisiana en los nueve años que transcurrieron desde 1803 hasta 1812,
fecha en que parte del territorio fué admitida como un Estado de la
Unión. Nada más digno de admiración que el estudio de las cuatro fases
por que atravesó el gobierno de la nueva región durante dichos nueve
años. Obsérvese dicho proceso, y se verá que cada nueva etapa significó
un paso de avance hacia el principio del gobierno propio.
Con efecto, al verificarse la cesión en 1803, el Congreso dejó en manos
del Presidente cuanto se refería al Gobierno de la Louisiana, y dicho
funcionario nombró un Gobernador con las facultades de que durante la
soberanía española estuvieron investidos el Gobernador General y el
Intendente, y un Comandante Militar, los dos con omnímodas facultades.
Este gobierno duró pocos meses: ante las protestas de los comerciantes y
de las personas más influyentes de Nueva Orleans, el Congreso de la
Unión votó una ley dividiendo la antigua provincia en dos partes, una al
sur, con categoría de "Territorio", que se denominó de Orleans, y otra
al Norte, que se llamó Louisiana y que no había de ser más que un
"Distrito". El territorio de Louisiana se regiría por un Gobernador y
trece consejeros designados por el Presidente; y como este sistema de
gobierno tampoco agradara a los habitantes del territorio de Orleans, ni
a los del Distrito de Louisiana, ante las nuevas protestas, en enero de
1805 el Congreso resolvió elevar el citado distrito de Louisiana a la
categoría de "Territorio" y otorgarle a Orleans una Cámara de origen
popular, con promesa de ser admitido como Estado cuando contara sesenta
mil habitantes libres; y como esto ocurrió en 1812, en este año dicho
territorio fué reconocido como Estado, con el nombre de Louisiana.
Un detalle de la discusión, en el Congreso, sobre la admisión del nuevo
Estado, evidenció que los principios democráticos continuaban animando
el espíritu de los hombres que ostentaban los poderes públicos. Una
parte del Congreso, inspirada en principios conservadores, veía con
desconfianza y recelos la formación de nuevos estados; temía que éstos
hicieran prevalecer dentro de la confederación ideas y principios que no
fueran los que habían caracterizado a la Unión de los trece Estados
primitivos. El Representante Josiah Quincy estaba entre los disgustados
con la admisión de Louisiana; y como en el calor de su oposición llegara
a hablar de que la formación de un nuevo Estado facultaba a los antiguos
para separarse de la Unión, fué llamado al orden por el Presidente de la
Cámara, quien dijo que no podía consentir que públicamente se hablara
del derecho de secesión. De este requerimiento apeló Quincy ante la
Cámara, y ésta, por una mayoría de 56 votos contra 53, declaró que era
lícito referirse al derecho de secesión e invocarlo.
De esa manera quedó reconocido, por la Cámara de Representantes, que por
lo menos era lícito discutir el derecho de secesión.
(C)
(1819) FLORIDA.
Si la adquisición de la Louisiana significó, por una parte, la doble
extensión territorial de los Estados Unidos, por otro lado trajo, como
consecuencia, nuevos motivos de inquietud para la nación. Tenía ésta un
frente al Atlántico y otro al Golfo de Méjico, y era motivo de
preocupación que la continuidad de las costas se viera interrumpida en
la Florida, pues aunque por el momento no existía ningún peligro
inminente, ¿quién podía asegurar que no se presentaría en lo futuro?
¿Quién podía afirmar que España, sometida entonces a tantas calamidades,
no se pudiera ver en el trance de tener que ceder esa posición, de grado
o por fuerza, a otra potencia europea?
Había, además de esa causa de inquietud respecto a la seguridad exterior
de la Unión, otro motivo de malestar, atinente a la tranquilidad
interior. La Florida--en la que no existía una verdadera colonización, y
en la que España no había podido o no había querido establecer un
Gobierno con recursos suficientes para defender todos los
intereses--constituía el refugio de las tribus de indios "semínolas," de
instintos salvajes; y éstos, en sus continuas incursiones en el
territorio de la Unión, asolando cuanto a su paso encontraban, hicieron
nacer la zozobra en los ánimos. Agréguese a esto la resistencia pasiva
de España a determinar cuáles eran los verdaderos linderos de la
Louisiana, particular en que hicieron los Estados Unidos gran hincapié
porque quedase resuelto, apenas suscrito el Tratado de 30 de abril de
1803, y se explicará que en la vecina República se comenzara a acariciar
la idea de la anexión de la Florida.
Ciertas cartas escritas por Jefferson a significados políticos, cuando
aún no habían transcurrido cuatro meses de la fecha en que fué suscrito
aquel Tratado, nos revelan que el propio Presidente no se ocultaba para
decir que ambicionaba dicha adquisición. No hay más, les decía, que
esperar a que España se encuentre en guerra y ofrecerle dinero, con la
amenaza de que si no lo acepta recurriremos a la fuerza para ocupar la
Florida.
Los Estados Unidos pudieron, de una acometida, haber conquistado la
Florida; y sin embargo no lo hicieron. A pesar de aquellos propósitos; a
pesar de que era del dominio público la idea de que la seguridad y la
conveniencia de la nación exigían la posesión de la Florida, no
recurrieron a la violencia. Confiaron sus propósitos a la diplomacia, la
cual, como se ha de ver, produjo sus frutos. Hemos de ver, sin embargo,
que antes de que llegue el momento de que los Estados Unidos compren la
Florida por medio de un Tratado, en más de una ocasión el Gobierno de
Washington perturbó la posesión que ostentaba España; por más que a ello
le obligara el desgobierno reinante en la Florida.
Nada mejor, para conocer el proceso que culminó en la compra de la
Florida, que recurrir a los documentos oficiales.
En 20 de mayo de 1804, el Presidente, haciendo uso de una ley que
recientemente había votado el Congreso, declaró, por medio de una
proclama, que a los efectos del cobro de los derechos de aduana se había
establecido el "Distrito de Mobila", que comprendía el territorio que
corría desde la ribera occidental del río de ese nombre, hasta
Pascagoula. Contra esa medida estableció su protesta el Ministro español
en Washington, por entender que se trataba de un territorio sometido a
la dominación de España; mas aquel Gobierno no tomó en cuenta dicha
protesta.
En el Mensaje anual al Congreso, de 3 de diciembre de 1805, refirió el
Presidente de la República que las relaciones con España no eran lo
satisfactorias que se deseaba; que esta nación se negaba a solucionar
sus diferencias con los Estados Unidos, consignando además, entre otras
cosas, que constantemente se realizaban incursiones dentro de la
frontera americana, que causaban positivos daños y a las que no eran
ajenos los oficiales y soldados españoles. Tres días después, en un
Mensaje especial, el Presidente insiste sobre el mismo asunto,
exponiendo que a pesar de los esfuerzos del Ministro residente en
Madrid, a fin de solucionar la cuestión de los linderos de la Louisiana,
así como otras que estaban pendientes con España--gestiones en las
cuales había colaborado Monroe, que a ese objeto se dirigió expresamente
a esta nación--, nada se había obtenido, como no fuera la declaración de
que los Estados Unidos sólo tenían derecho, en el territorio situado en
la parte oriental del Mississippi, a una estrecha faja de territorio
inmediato a este río.
Por el mes de febrero del año 1806, el Congreso acordó en secreto votar
un crédito de dos millones de pesos para la compra de la Florida; y a
fin de estudiar el asunto en Madrid, el Presidente nombró dos
Comisionados que no pudieron adelantar nada.
En el mensaje anual de 2 de diciembre de 1806, aludió el Presidente a
que una fuerza española había penetrado en el territorio de la Louisiana
y a que era necesario fortificar a Nueva Orleans y la desembocadura del
río a fin de evitar esos hechos; y en el de 27 de octubre de 1807 hizo
mención de un Decreto que acababa de dictar el rey Carlos IV, remedando
el que había dictado Napoleón en 21 de noviembre de 1806, y por el que
les resultaba imposible mantener su comercio a los que fueran neutrales
en los conflictos de Europa.
Pronto toman los acontecimientos un nuevo sesgo. En la parte de la
Florida Occidental, situada desde el río Amita hasta la Louisiana, se
había establecido un gran número de ciudadanos norteamericanos; y
reunidos éstos en 1810, cerca de Baton Rouge, resuelven no reconocer la
soberanía de España; y aunque en los primeros momentos acordaron
establecer un gobierno independiente, después recurrieron a los Estados
Unidos pidiendo la anexión.
Desde el mes de marzo del año anterior ocupaba James Madison la
presidencia de la República; y éste, en vista de esos sucesos, lanza una
proclama en 27 de octubre de 1810 ordenándole al Gobernador del
territorio de Nueva Orleans que ocupara, a nombre de los Estados Unidos,
todo el territorio situado entre el río Mississippi y el Perdido. Esta
orden estaba razonada. Se decía en ella que era bien sabido que ese
territorio siempre había formado parte de la colonia de la Louisiana, y
aunque España lo había retenido, los Estados Unidos no habían cesado de
reclamarlo; que si hasta entonces no se habían decidido a ocuparlo, era
porque siempre se pensó que España, convencida de la justicia de la
reclamación, no dejaría que las cosas llegaran hasta el punto de que el
Gobierno de Washington tuviera que proceder por su propia cuenta, y que
el nuevo orden de cosas creado en dicho territorio podía ser, por la
proximidad de éste a los Estados Unidos, altamente perjudicial a su
comercio y a sus intereses, supuesto que a los que quisieran violar las
leyes que prohibían la introducción de esclavos y las que establecían
impuestos de aduanas, había de resultarles fácil desenvolver sus
actividades desde aquellos lugares. En cumplimiento de dicha proclama, a
fines del año 1810 el Gobernador del territorio de Nueva Orleans,
William C. C. Claiborne, toma posesión no de todo el territorio
enclavado entre los ríos Mississippi y Perdido, sino de una parte del
mismo, o séase de la situada entre el primero de dichos ríos y el
llamado Perla; y al año siguiente, por orden del Presidente Madison, fué
fortificada esa región y agregada al territorio del Mississippi. Contra
esa ocupación protestaron los Gobiernos de España, Inglaterra y Francia,
por medio de sus diplomáticos acreditados en Washington.
Dada la comprometida situación de España frente a las guerras entre
Francia e Inglaterra, el Gobierno de los Estados Unidos temía, con
sobradas razones, que alguna de estas dos naciones ocupara la Florida. A
veces se le atribuían esos propósitos a una y a veces a otra, y a ese
estado de cosas, inquietante para la República americana, supuesto que
tenía que ser motivo de preocupación que tal cosa ocurriera, obedeció la
siguiente Resolución Conjunta, aprobada por el Congreso en 15 de enero
de 1811:
Teniendo en cuenta la situación especial por que atraviesan España
y sus provincias de América; y considerando que es del mayor
interés para los Estados Unidos, desde el punto de vista de su
seguridad, de su tranquilidad y de su comercio, el futuro destino
del territorio con que lindan por el Sur.
Se resuelve: que los Estados Unidos, dada la peculiaridad de las
actuales circunstancias, no pueden asistir, sino en medio de la
mayor inquietud, al hecho de que parte del antes referido
territorio pase a manos de otro poder; que se verán compelidos, si
lo requieren las circunstancias, a ocupar temporalmente dicho
territorio, por exigirlo así su seguridad, sin perjuicio de iniciar
después las oportunas negociaciones para tratar de su destino
ulterior.
Al mismo tiempo que se votaba esa Resolución Conjunta, se autorizaba al
Presidente de la República para ocupar todo o parte del territorio de la
Florida, siempre que existiera el temor de que lo pudiera ocupar una
nación extranjera, y para emplear con ese objeto la Marina y el Ejército
de los Estados Unidos.
Unos días después se presenta en el Congreso un _bill_ declarando que
los límites del territorio de Orleans llegaban hasta el río Perdido. Se
quería, sin duda, darle la sanción del Congreso a la acción del Poder
Ejecutivo; pero dicho _bill_ tropezó en la Cámara con una fuerte
oposición. Se dijo, por los adversarios del Gobierno, que esa medida
envolvía una violencia, y al fin se acordó que aquel lindero fuera
fijado en Iberville. Adoptado el _bill_ en esa forma, fué sancionado
por el Presidente en 20 de febrero de 1811.
No pasó mucho tiempo sin que el Gobierno de los Estados Unidos se viera
en la necesidad, por causas diversas, de mandar que sus fuerzas
penetrasen en la Florida. Los indios semínolas vivían y tenían su
refugio en la Florida, pero continuamente penetraban en el Estado de
Georgia y asesinaban, saqueaban las propiedades y cometían todo género
de depredaciones. El Gobierno de España no disponía de medios para
someterlos, ni para evitar tampoco que aquella región fuera un refugio
de los piratas y de todos los malhechores que se escapaban de los
Estados Unidos. En noviembre de 1812, la legislatura de Georgia resolvió
que era esencial para la seguridad del Estado ponerle un término a
semejante situación, y a principios del año siguiente el general Andrew
Jackson, al frente de un ejército, penetra en territorio español y les
da una batida a las tribus de los semínolas.
Poco tiempo después, a mediados del año 1814, el general Jackson penetró
nuevamente en territorio español. Con motivo de la guerra entre los
Estados Unidos e Inglaterra, iniciada en 1812, dicho general, nombrado
Jefe del Departamento del Sur, estableció su cuartel en Mobila; y como
llegara a sus noticias que en Pensacola había desembarcado un
contingente inglés, que había tomado dicha población como base de sus
operaciones, y que se estaba armando a las tribus de indios enemigas de
los Estados Unidos para combatir contra éstos, allí se dirigió Jackson,
sin esperar órdenes de su Gobierno. Con poco esfuerzo desalojó a los
ingleses, devolviéndoles la población, pocos días después, a los
españoles y regresando a Mobila.
Con motivo de la ocupación de la Florida Occidental, España había roto
sus relaciones con los Estados Unidos desde 1808. En 1815 las reanudó.
Nombrado Ministro en Washington don Luis de Onís, éste le dirigió al
Secretario de Estado, a nombre de su Gobierno, una petición que abarcaba
tres extremos: ante todo, previamente, debía ser devuelta a España la
Florida Occidental, sin lo cual no se continuarían las negociaciones; se
debía impedir que en Nueva Orleans se armaran expediciones que fueran a
auxiliar a los insurrectos mejicanos y en las que se afirmaba que
tomaban parte oficiales y soldados del ejército de los Estados Unidos, y
se debía impedir que en los puertos de la Unión penetraran barcos con
banderas de las revueltas colonias de la América del Sur.
James Monroe, Secretario de Estado, contestó esas peticiones por medio
de una comunicación de 15 de enero de 1816, la que después de hacer
relación a todas las cuestiones suscitadas entre las dos naciones desde
1802 y a que los Estados Unidos se habían esforzado por arreglarlas,
mientras que el Gobierno de Madrid no había querido abordar ninguna
solución, se expresaba en estos términos: rechazaba, desde luego, la
demanda sobre devolución de la Florida Occidental, como trámite previo
para entrar en las negociaciones; negaba la afirmación relativa a que
oficiales y soldados del ejército de los Estados Unidos estuviesen
ayudando a los revolucionarios mejicanos; y con respecto a la solicitud
de que no fueran admitidos en los puertos de la Unión barcos de las
colonias insurreccionadas de la América española, replicaba que según la
política de los Estados Unidos, la bandera de una nación, fuese cual
fuera, no era obstáculo para impedir la entrada de ninguna embarcación.
No es posible referir punto por punto estas negociaciones. Tendríamos
que extendernos más de lo que queremos. Basta consignar que antes de que
llegaran a su término, hubo que vencer grandes obstáculos; unas veces se
llevaban en Madrid y otras en Washington, y en más de una ocasión
estuvieron a punto de romperse. Al fin culminaron en el Tratado de 22 de
febrero de 1819. Por dicho tratado, el rey de España cedía a los Estados
Unidos todo el territorio situado al Este del río Mississippi, conocido
por la Florida Occidental y Oriental y recibía una indemnización de
$5,000.000. También se fijaban en dicho tratado los linderos, por el
Oeste, de la Louisiana; renunciaban las dos naciones a las reclamaciones
pendientes por daños a sus ciudadanos; se le concedía a los barcos
españoles, durante doce años, el derecho de entrar en "Pensacola" y en
"San Agustín" en las mismas condiciones que los americanos,
estipulándose, por último, que el nuevo territorio sería admitido como
Estado tan pronto como esto no resultara incompatible con la
Constitución federal.
A pesar de que el tratado prevenía que habría de ser ratificado dentro
de seis meses, pasaron cerca de dos años antes de que fuese aprobado por
las Cortes españolas. En San Agustín y en Pensacola, en 10 y 17 de julio
de 1821, respectivamente, tuvieron efecto las ceremonias del cambio de
soberanía. Fué de esa manera como los Estados Unidos agregaron a sus
adquisiciones territoriales una nueva área compuesta de 59,268 millas
cuadradas.
(D)
(1845) TEJAS.
El tratado de la Florida dió a la Louisiana por límite oriental el río
Sabina, con lo cual le reconoció a España su dominio sobre el territorio
de Tejas, que en lo político formaba parte de Méjico y que
posteriormente, al obtener el país azteca su independencia, fué erigido
en un Estado de la confederación. Cronológicamente, tiene el turno ahora
dicho territorio en el estudio del movimiento expansionista de los
Estados Unidos.
Los orígenes de la expansión norteamericana hacia Tejas se encuentran en
este caso, como en otros, en la iniciativa particular. Comenzó por la
ambición de gran parte de la población, principalmente la del Sur, de
obtener nuevos terrenos para su actividad productora. Cuando cesó en
Méjico la soberanía española, estaban establecidos en Tejas unos tres
mil norteamericanos y apenas ocurrido ese cambio político, los
"empresarios" de terrenos pusieron sus miras en dicho territorio. El
Gobierno mejicano, deseoso de que se poblase, no fué remiso en otorgar
concesiones de tierras. A la primera, hecha a Moisés Austin, de
Connecticut, para establecer una colonia de trescientas familias, y que
fué el fundador de la ciudad que lleva su nombre, siguieron otras muchas
otorgadas a ciudadanos de diversos estados de la Unión, especialmente
los del Sur. Bien pronto casi todo el territorio del Estado tejano fué
repartido entre norteamericanos; todo el que estaba ávido de correr
fortuna decidía ir allí. "Vaya a Tejas", llegó a ser la frase en boga,
según nos refiere Edwin E. Sparks, en su obra _La expansión social y
territorial del pueblo norteamericano_. A consecuencia de esa corriente
migratoria, en 1830 llegó a haber en dicho Estado más de 20,000
ciudadanos de la Unión.
La comunidad norteamericana, residente en Tejas, apenas formada, comenzó
a acariciar la idea de declararse independiente. Desde 1819, es decir,
desde antes de cesar la dominación española, un grupo numeroso,
dirigido por James Long, proclamó la libertad e independencia del país;
y, efectuado aquel cambio de soberanía, reunióse una convención en 1826,
que abogó por esa misma aspiración. Esas declaraciones, sin embargo, no
tuvieron la sanción de todos, ni verdadera trascendencia en los destinos
de Tejas.
El Gobierno de Washington, desde aquella época, pensó en la conveniencia
de la anexión de Tejas. En 1819, el Secretario de Estado, John Quincy
Adams, propuso en el Gabinete demandarle al gobierno de Madrid, con toda
formalidad, el dominio del territorio tejano, por pertenecerle a la
Louisiana todo el que corría hasta el río Bravo; pero, por razones de
diversa índole, el Presidente Monroe y los otros Secretarios no hubieron
de apoyar semejante determinación. Apenas ocupó Adams la presidencia,
dióle instrucciones a Poinsett, Ministro en Méjico, para comprar a
Tejas; pero dicho Ministro, después de explorar la situación, juzgó
oportuno no dar ese paso; y no bien cesó Adams y ocupó el cargo Jackson,
su Secretario de Estado, Van Buren, le dió instrucciones al propio
Ministro para que propusiera la compra del territorio tejano, situado
entre los ríos Sabina y Nueces, en $5,000.000.00. La oferta esta vez fué
hecha, declinándola el Gobierno mejicano.