[Sidenote: Causas de ello.]

Fue esta una orden al gobernador de la plaza de Cádiz y al del consejo

real «para que se celase sobre los que hablasen mal de las cortes.» Los

diputados atribuyeron esmero tan cuidadoso al objeto de malquistarlos

con el público, y al pernicioso designio de que la nación creyese era

el congreso muy censurado en Cádiz. Las disculpas que la regencia

dio, lejos de disminuir el cargo, le agravaron; pues, habiendo dado

la orden reservadamente y en términos solapados, pudiera dudarse si

aquella disposición provenía de las cortes o de solo la potestad

ejecutiva. Los diputados anunciaron en público que miraban la orden

como contraria a su propio decoro, aspirando únicamente a merecer por

su conducta la aprobación de sus conciudadanos, en prueba de lo cual se

ocupaban en dar la libertad de la imprenta para que se examinasen los

procedimientos legislativos del gobierno con amplia y segura franqueza.

Unido el incidente de esta orden a las causas anteriormente insinuadas

y a otras menos principales, decidiéronse por fin las cortes a

remover la regencia. Hiciéronlo no obstante de un modo suave y el

más honorífico, admitiendo la renuncia que de sus cargos habían al

principio hecho los individuos del propio cuerpo.

[Sidenote: Nómbrase una nueva regencia de tres individuos.]

Al reemplazarlos redujeron las cortes a tres el número de cinco,

y el 28 de octubre pasaron los sucesores a prestar en el salón el

juramento exigido, retirándose, en consecuencia, de sus puestos los

antiguos regentes. Había recaído la elección en el general de tierra

Don Joaquín Blake, en el jefe de escuadra Don Gabriel Císcar, y

en el capitán de fragata Don Pedro Agar; el último, como americano,

en representación de las provincias de ultramar. Pero de los tres

nombrados, hallándose los dos primeros ausentes en Murcia, y no

pareciendo conveniente que mientras llegaban gobernase solo Don Pedro

Agar, [Sidenote: Suplentes.] eligieron las cortes dos suplentes que

ejerciesen interinamente el destino, y fueron el general marqués del

Palacio y Don José María Puig, del consejo real.

[Sidenote: Incidente del marqués del Palacio.]

Este y el señor Agar prestaron el juramento lisa y llanamente, sin

añadir observación alguna. No así el del Palacio, quien expresó «juraba

sin perjuicio de los juramentos de fidelidad que tenía prestados al

señor Don Fernando VII.» Déjase discurrir qué estruendo movería en

las cortes tan inesperada cortapisa. Quiso el marqués explicarla; mas

para ello mandósele pasar a la barandilla. Allí, cuanto más procuró

esclarecer el sentido de sus palabras, tanto más se comprometió

perturbado su juicio y confundido. Insistiendo, sin embargo, el marqués

en su propósito, Don Luis del Monte, que presidía, hombre de condición

fiera al paso que atinado y de luces, impúsole respeto y le ordenó que

se retirase. Obedeció el marqués, quedando arrestado, por disposición

de las cortes, en el cuerpo de guardia.

Con lo ocurrido diose solamente posesión de sus destinos, el mismo

día 28, a los señores Agar y Puig, quienes desde luego se pusieron

también las bandas amarillo-encarnadas, color del pabellón español y

distintivo ya antes adoptado para los individuos de la regencia. En el

día inmediato nombraron las cortes como regente interino, en lugar del

marqués del Palacio, al general marqués del Castelar, grande de España.

Los propietarios ausentes, Don Joaquín Blake y Don Gabriel Císcar, no

ocuparon sus sillas hasta el 8 de diciembre y el 4 del próximo enero.

[Sidenote: Discusión que este motiva.]

En las cortes enzarzose gran debate sobre lo que se había de hacer

con el marqués del Palacio. No se graduaba su porfiado intento de

imprudencia o de meros escrúpulos de una conciencia timorata, sino de

premeditado plan de los que habían estimulado al obispo de Orense en

su oposición. Hizo el acaso, para aumentar la sospecha, que tuviese

el marqués un hermano fraile, que, algún tanto entrometido, había

acompañado a dicho prelado en su viaje de Galicia a Cádiz, motivo por

el que mediaba entre ambos relación amistosa. Creemos, sin embargo,

que el desliz del marqués provino más bien de la singularidad de su

condición y de la de su mente, compuesto informe de instrucción y

preocupaciones que de amaños y anteriores conciertos.

Entre los diputados que se ensañaron contra el del Palacio, hubo

algunos de los que comúnmente votaban del lado anti-liberal. Señalose

el señor Ros, ya antes severo en el asunto del obispo de Orense, y el

cual dijo en esta ocasión: «trátese al marqués del Palacio con rigor,

fórmesele causa, y que no sean sus jueces individuos del consejo real,

porque este cuerpo me es sospechoso.»

[Sidenote: Término de este negocio.]

Al fin, después de haber pasado el negocio a una comisión de las

cortes, se arrestó al marqués en su casa, y la regencia nombró para

juzgarle una junta de magistrados. Duró la causa hasta febrero, en

cuyo intermedio habiéndose disculpado aquel, escrito un manifiesto, y

mostrádose muy arrepentido, logró desarmar a muchos, y en particular a

sus jueces, quienes no dieron otro fallo sino «que el marqués estaba

en la obligación de volver a presentarse en las cortes, y de jurar en

ellas lisa y llanamente así para satisfacer a aquel cuerpo como a la

nación de cualquiera nota de desacato en que hubiese incurrido...»

En cumplimiento de esta decisión pasó dicho marqués el 22 de marzo a

prestar en las cortes el juramento que se le exigía, con lo que se

terminó un negocio, solo al parecer grave por las circunstancias y

tiempos en que pasó, y quizá poco atendible en otros, como todo lo que

se funda en explicaciones y conjeturas acerca del modo de pensar de los

individuos.

[Sidenote: Ciertos acontecimientos ocurridos durante la primera

regencia y breve noticia de los diferentes ramos.]

Ahora, antes de proseguir en nuestra tarea, será bien que nos

detengamos a echar una ojeada sobre varias medidas que tomó la última

regencia, y sobre acaecimientos que durante su mando ocurrieron, y de

los que no hemos aún hecho memoria.

En la parte diplomática casi se habían mantenido las mismas relaciones.

Limitábanse las más importantes a las de Inglaterra, cuya potencia

había enviado en abril de ministro plenipotenciario a Sir Enrique

Wellesley, hermano del marqués y de Lord Wellington. Consistieron

las negociaciones principales en lo que se refería a subsidios, no

habiéndose empeñado aún ninguna esencial acerca de las revueltas

que iban sobreviniendo en ultramar. La Inglaterra, pronta siempre a

suministrar a España armas, municiones y vestuario, escatimaba los

socorros en dinero, y al fin los suprimió casi del todo.

Viendo que cesaban los donativos de esta clase, pensose en efectuar

empréstitos bajo la protección y garantía del mismo gobierno inglés.

La central había pedido uno de 50.000.000 de pesos que no se realizó:

la regencia, al principio, otro de 10.000.000 de libras esterlinas que

tuvo igual suerte; mas como la razón dada para la negativa por el

gabinete británico se fundó en que la suma era muy cuantiosa, rebajola

la regencia a 2.000.000. No por eso fue esta demanda en sus resultas

más afortunada que las anteriores, pues en agosto contestó el ministro

Wellesley:[*] [Sidenote: (* Ap. n. 13-9.)] «que siendo grandísimos los

subsidios que había prestado la Inglaterra a España en dinero, armas,

municiones y vestuario, a fin de que la nación británica apurada ya

de medios, siguiese prestando a la española los muchos que todavía

necesitaba para concluir la grande obra en que estaba empeñada,

parecía justo que en recíproca correspondencia franquease su gobierno

el comercio directo desde los puertos de Inglaterra con los dominios

españoles de Indias bajo un derecho de 11 por 100 sobre factura; en

el supuesto que esta libertad de comercio solo tendría lugar hasta

la conclusión de la guerra empeñada entonces con la Francia.» Don

Eusebio de Bardají, ministro de estado, respondió [mereciendo después

su réplica la aprobación del gobierno]: «que no podría este admitir

la propuesta sin concitar contra sí el odio de toda la nación, a la

que se privaría, accediendo a los deseos del gobierno británico,

del fruto de las posesiones ultramarinas, dejándola gravada con el

coste del empréstito que se hacía para su protección y defensa.» Aquí

quedaron las negociaciones de esta especie, no yendo más adelante otras

entabladas sobre subsidios.

[Sidenote: Monumento mandado erigir por las cortes a Jorge III. (* Ap.

n. 13-10.)]

Las cortes, con todo, para estrechar los vínculos entre ambas naciones,

resolvieron en 19 de noviembre [*] que «se erigiese un monumento

público al rey del reino unido de la Gran Bretaña e Irlanda, Jorge III,

en testimonio del reconocimiento de España a tan augusto y generoso

soberano.» Lo apurado de los tiempos no permitió llevar inmediatamente

a efecto esta determinación, y los gobiernos que sucedieron a las

cortes tampoco la cumplieron, como suele acontecer con los monumentos

públicos cuya fundación se decreta en virtud de circunstancias

particulares.

Motejaron algunos a la primera regencia que hubiese permitido la

entrada de las tropas inglesas en Ceuta, y motejáronla no con justicia,

puesto que admitidas en Cádiz no había razón para mostrarse tan

recelosa respecto de la otra plaza. Y bueno es decir que aquella

regencia tampoco accedía fácilmente en muchos casos a todo lo que los

extranjeros deseaban. Lo hemos visto en lo del empréstito, y viose

antes en otro incidente que ocurrió al principiar junio. Entonces el

embajador Wellesley pidió permiso para que Lord Wellington pudiese

enviar ingenieros que fortificasen a Vigo y las islas inmediatas de

Bayona, a fin de que el ejército inglés tuviese aquel refugio en caso

de alguna desgracia que le forzase a retirarse del lado de Galicia.

Respondió la regencia que ya, por orden suya, se estaban fortaleciendo

las mencionadas islas, y que en cualquiera contratiempo sería recibido

allí Lord Wellington y su ejército tan bien como en las otras partes

del territorio español, y con el agasajo y cariño debidos a tan

estrechos aliados.

[Sidenote: Sigue la relación de algunos acontecimientos ocurridos

durante la primera regencia.]

Púsose igualmente, bajo la dependencia del ministerio de Estado, una

correspondencia secreta que se organizó en abril, con mayor cuidado

y diligencia que anteriormente, a las órdenes de Don Antonio Ranz

Romanillos, magistrado hábil y despierto, quien estableció cordones

de comunicación por los puntos que ocupaban los enemigos, estando

informado diaria y muy circunstanciadamente de todo lo que pasaba hasta

en lo íntimo de la corte del rey intruso.

Por aquí también se despacharon las instrucciones dadas a una comisión

puesta en el mismo abril a cargo del marqués de Ayerbe. Enlazábase esta

con la libertad de Fernando VII, y habíase ya tratado de ello con el

arzobispo de Laodicea, último presidente de la central, con el duque

del Infantado y el marqués de las Hormazas. Presumimos que traía este

asunto el mismo origen que el del barón de Kolly, sin tener resultas

más felices. El de Ayerbe salió de Cádiz en el bergantín Palomo, con

2.000.000 de reales, metiose después en Francia, y no consiguiendo nada

allí, tuvo la desgracia al volver de ser muerto en Aragón por unos

paisanos que le miraron como a hombre sospechoso.

En junio propuso el gobierno inglés al español entrar en un concierto

de canje de prisioneros, de que se estaba tratando con Francia. Las

negociaciones para ello se entablaron, principalmente en Morlaix entre

Mr. Mackenzie y Mr. de Moustier. Tenían los franceses en Inglaterra

unos 50.000 prisioneros, y no pasaban de 12.000 los ingleses que había

en Francia, ya de la misma clase, ya de los detenidos arbitrariamente

por la policía al empezar las hostilidades en 1802. De consiguiente,

queriendo el gabinete británico, según un proyecto de ajuste que

presentó en 23 de septiembre, canjear _hombre por hombre_ y _grado

por grado_, hacíase indispensable que formasen parte en el convenio

España y los demás aliados de Inglaterra. Mas Napoleón, que no se

curaba de llevar a cabo la negociación sobre aquella base, y quizá

tampoco bajo otra ninguna admisible, pedía que se le volviesen a bulto

los prisioneros suyos de guerra en cambio de los ingleses, ofreciendo

entregar _después_ los prisioneros españoles. La negociación, por

tanto, continuada sin fruto, se rompió del todo antes de finalizar

el año de 1810. Y fue en ella de notar lo desvariado a veces de

la conducta del comisario francés, Mr. de Moustier, que quería se

considerase prisionero de guerra al ejército inglés de Portugal: Mr.

de Moustier, el mismo que, tiempos adelante, embajador en España de

Carlos X de Francia, se mostró muy adicto a las doctrinas del más puro

y exaltado realismo.

[Sidenote: (* Ap. n. 13-11.)]

Manejada la hacienda por la junta [*] de Cádiz desde el 28 de enero,

día de su instalación, no ofreció aquel ramo en su forma variación

sustancial hasta el 31 de octubre, en que se rescindió el contrato o

arreglo hecho con la regencia en 31 de marzo anterior. Las entradas que

tuvo la junta durante dicho tiempo pasaron de 351.000.000 de reales.

De ellas, en rentas del distrito, unos 84; en donativos e imposiciones

extraordinarias de la ciudad, 17; en préstamos y otros renglones

[inclusas 249.000 libras esterlinas del embajador de Inglaterra], 54;

y en fin, más de 195 procedentes de América, siendo de advertir que en

esta cantidad se contaban 27 millones que pertenecían a particulares

residentes en país ocupado, y de cuya suma se apoderó la junta bajo

calidad de reintegro: tropelía que cometió sin que la desaprobase la

regencia, muy contra razón. Invirtiéronse de los caudales recibidos

más de 92.000.000 en la defensa y atenciones del distrito, más de 146

en los gastos generales de la nación, y enviáronse a las provincias

unos 112, en cuya enumeración, así de la data como del cargo, hemos

suprimido los picos para no recargar inútilmente la narración. Las

rentas de las demás partes de España se consumieron dentro de su

respectivo territorio, aprontando los naturales en suministros lo que

no podían en dinero.

Circunscribiose la primera regencia, en cuanto a crédito público, a

nombrar en 19 de febrero una comisión de tres individuos que examinase

el asunto y preparase un informe, encargo que desempeñó cumplidamente

Don Antonio Ranz Romanillos, sin que se tomase, en su consecuencia,

sobre la materia resolución alguna.

En 24 de mayo, antes de entrar el obispo de Orense en la regencia,

decidió esta que se reservase para las urgencias públicas la mitad

del diezmo, providencia osada y que no se avenía con el modo de

pensar de aquel cuerpo en otras cuestiones. Así fue que pasó como

relámpago, anulándose en breve, y en virtud de representación de varios

eclesiásticos y prelados.

El ejército, que al tiempo de instalarse la regencia, estaba en muchas

partes en casi completa dispersión, fuese poco a poco reuniendo.

En junio contaba ya 140.000 hombres, y creció su número hasta unos

170.000. No dejó para ello de tomar la regencia sus providencias,

particularmente en la Isla de León; pero lejos de allí debiose más el

aumento al espíritu que animaba a los soldados y a la nación entera que

a enérgicas disposiciones del gobierno central, mal colocado, además,

para tener un influjo directo y efectivo.

Una de las buenas medidas de esta regencia fue introducir en el

ejército el estado mayor general. Sugirió la idea Don Joaquín Blake

cuando mandaba en la Isla. Por medio de dicho establecimiento se

aseguraron las relaciones mutuas entre todos los ejércitos, y se

facilitó la combinación de las operaciones, pudiendo todas partir de

un centro común. Según la antigua ordenanza, desempeñaban aisladamente

las facultades propias de dicho cuerpo el cuartel maestre y los

mayores generales de infantería, caballería y dragones, desavenidos a

veces entre sí. Blake formó el plan que, aprobado por el gobierno,

se circuló en 9 de junio, quedando nombrado el mismo general jefe del

nuevo estado mayor, plantel en lo sucesivo de excelentes y benémeritos

militares.

Desde el principio del levantamiento, fija en el ejército toda la

atención, habíase desatendido la marina, sirviendo en tierra muchos

de sus oficiales. Pero arrinconado el gobierno en Cádiz, hízose

indispensable el apoyo de la armada, no queriendo depender del todo de

la de los ingleses.

Las fragatas y navíos que necesitaban entrar en dique, o no se podían

armar por falta de tripulaciones, se destinaron a Mahón y la Habana.

Los otros cruzaron en el Mediterráneo o en el océano, y traían o

llevaban auxilios de armas, municiones, víveres, caudales y aun tropa.

Los buques menores y la fuerza sutil, además de defender la bahía de

Cádiz, la Carraca y los caños de la Isla, contribuían a sostener el

cabotaje, defendiendo los barcos costaneros de las empresas de varios

corsarios que se anidaban, con perjuicio de nuestra navegación, en

Sanlúcar, Málaga y varias calas de la Andalucía.

Por lo que respecta a tribunales, si bien, según dijimos, había la

regencia restablecido, con gran desacierto, todos los consejos, justo

es no olvidar que también antes había abolido acertadamente el tribunal

de vigilancia y seguridad, fundado por la central para los casos de

infidencia. En 16 de junio desapareció dicha institución, que por haber

sido comisión criminal extraordinaria merece vituperarse, pasando su

negociado a la audiencia territorial. Ya manifestamos que los jueces

de aquel primer cuerpo no se habían mostrado muy rigurosos, siendo

quizá menos que sus sucesores, quienes condenaron a muerte al abogado

Don Domingo Rico Villademoros, del tribunal criminal del intruso

José, cogido en Castilla por una partida, y que en consecuencia de la

sentencia dada contra su persona padeció en Cádiz la pena de garrote.

Doloroso suceso, aunque el único que de esta clase hubo por entonces

en Cádiz, al paso que en Madrid los adictos al gobierno intruso se

encrudecían a menudo en los patriotas.

Recorrido habemos, ahora y anteriormente, los hechos más notables de

la primera regencia, y de ellos se colige que esta, a pesar de sus

defectos y amor a todo lo que era antiguo, no por eso dejó las cosas en

peor postura de aquella en que las había encontrado; si bien pendió en

parte tal dicha de la corta duración de su gobierno, y de no poder el

mal ir más allá a no haberse rendido al enemigo, villanía de que eran

incapaces los primeros regentes, hombres los más, si no todos, de honra

y cumplida probidad.

[Sidenote: Modo de pensar de los nuevos regentes.]

Los nuevos regentes se inclinaban al partido reformador. De D. Joaquín

Blake y de sus calidades como general hemos hablado ya en diversas

ocasiones; tiempo vendrá de examinar su conducta en el puesto de

regente. Los otros dos gozaban fama de marinos sabios, en especial Don

Gabriel Císcar, dotado también de carácter firme, distinguiéndose todos

tres por su integridad y amor a la justicia.

[Sidenote: Varios decretos de las cortes.]

Las cortes proseguían sin interrupción en la carrera de sus trabajos

y reformas. A propuesta del señor Argüelles, decretaron [*]

[Sidenote: (* Ap. n. 13-12.)] en 1.º de diciembre que se suspendiese

el nombramiento de todas las prebendas eclesiásticas, excepto las

de oficio y las que tuviesen anexa cura de almas. Al principio

comprendiéronse en la resolución las provincias de ultramar, mas

después se excluyeron, no queriendo por entonces disgustar al clero

americano, de mayor influjo entre aquellos pueblos que el de la

península entre los de acá.

[Sidenote: (* Ap. n. 13-13.)]

El 2 del mismo mes,[*] en virtud de proposición del señor Gallego,

rebajáronse los sueldos, mandando que ningún empleado disfrutase de más

de 40.000 reales vellón, fuera de los regentes, ministros del despacho,

empleados en cortes extranjeras, y generales del ejército y armada en

servicio activo. Ya antes se había establecido, hasta para los sueldos

inferiores a 40.000 reales, una escala de disminución proporcional,

no cobrando tampoco los secretarios del despacho más allá de 120.000

reales. Se modificaron alguna vez estas providencias, pero siempre

en favor de la economía y buen orden, como era justo, y más entonces,

apurado el erario, y con tantas obligaciones en el ramo de la guerra,

atendido con preferencia a otro alguno.

Experimentaron alivio en sus persecuciones muchos individuos arrestados

arbitrariamente por la primera regencia o por los tribunales, ordenando

que se activasen las causas y que se hiciesen visitas de cárceles.

Las cortes, en medidas de esta clase, nunca mostraron diversidad de

opinión. Así, quien primero insistió en la visita de cárceles fue el

señor Gutiérrez de la Huerta, expresando que «en ella se descubrirían

muchos inocentes.» Porque el mal de España no consistía precisamente en

los fallos crueles y frecuentes, sino en las prisiones arbitrarias y en

su indefinida prolongación.

[Sidenote: Nómbrase una comisión especial para formar un proyecto de

constitución.]

Aunque ocupadas en estas y otras providencias del momento y urgentes,

no olvidaron tampoco las cortes pensar en aquellas que en lo futuro

debían afianzar la suerte y libertad de España. Rever las franquezas

y fueros de que habían gozado antiguamente los diversos pueblos

peninsulares, mejorándolos, uniformándolos y adaptándolos al estado

actual de la nación y del mundo, había sido uno de los fines de la

convocación de cortes y del cual nunca prescindieron estas. Por tanto,

el 23 de diciembre, y conforme a una propuesta de Don Antonio Oliveros

hecha el 9, nombrose una comisión[2] especial que preparase un proyecto

de constitución política de la monarquía. En ella entraron europeos de

las diversas opiniones que había en las cortes y varios americanos.

[2] Los nombrados fueron: europeos, Don Diego Muñoz Torrero, Don

Agustín de Argüelles, Don José Pablo Valiente, Don Pedro María Ric,

Don Francisco Gutiérrez de la Huerta, Don Evaristo Pérez de Castro,

Don Alonso Cañedo, Don José Espiga, Don Antonio Oliveros, Don

Francisco Rodriguez de la Bárcena; americanos, Don Vicente Morales

Duarez, Don Joaquín Fernández de Leiva, Don Antonio Joaquín Pérez; y

entraron después Don Andrés de Jáuregui, diputado por la ciudad de la

Habana, y Don Mariano Mendiola, por Querétaro. Agregose de fuera a

Don Antonio Ranz Romanillos, del consejo de hacienda, ocupado ya en

Sevilla por la central en igual trabajo.

[Sidenote: Voces acerca de si se casaba o no en Francia Fernando VII.]

Por el mismo tiempo confundiéronse también los diferentes y opuestos

modos de sentir en una discusión ardua, trabada en asunto que de cerca

tocaba a Fernando VII. De resultas de la correspondencia inserta en

el _Monitor_ en este año de 1810, en la que había cartas sumisas a

Napoleón del rey cautivo, esparciose por España que se trataba de unir

a este con una princesa de la familia imperial, y de restituirle, así

enlazado, al trono de sus abuelos, bajo la sombra y protección del

emperador de los franceses, y con condiciones contrarias al honor

e independencia de la nación. A haberse realizado semejante plan

siguiéranse consecuencias graves, y quizá por este medio, mejor que por

ningún otro, hubiera alcanzado el extranjero la completa supeditación

de España. Mas, por dicha, el proyecto no convenía a la indomeñable

alma de Napoleón, no sujeto a mudar de consejo ni a alterar una primera

resolución.

[Sidenote: Proposiciones de los señores Capmany y Borrull sobre la

materia.]

Historia del levantamiento, guerra y revolución de España (3 de 5) · 第 30 / 35 段