Es probable que ya al ser abolida la unidad en la soberanía, quedara
prevista la posibilidad de su restablecimiento transitorio, puesto
que a todo jefe de la comunidad, lo mismo al cónsul que al tribuno
consular, le fue concedido el derecho de nombrar a su arbitrio,
sin que cupiera aquí la intercesión de los colegas, un magistrado
supremo, superior tanto al que le nombraba como a su o a sus colegas,
y de suprimir de este modo, provisionalmente, la colegialidad. La
denominación que a este magistrado se daba era la de _magister populi_,
o sea el maestro del ejército; posteriormente se acostumbraba llamarle
_dictador_, sin que podamos dar una explicación satisfactoria de por
qué.
Incuestionablemente, este cargo, lo mismo que el de cónsul, les estuvo
reservado en un principio a los patricios; pero los plebeyos tuvieron
acceso también a él más tarde, probablemente desde el mismo momento en
que conquistaron el derecho de ser nombrados cónsules.
Que la dictadura era el más alto puesto en la jerarquía de los
magistrados, lo demuestra su posición de superioridad con respecto al
consulado; por eso es por lo que en los tiempos posteriores, el que
no hubiera sido cónsul no podía fácilmente llegar a ser dictador, si
bien no debió establecerse legalmente la consularidad como condición
indispensable para aspirar a la dictadura.
Para el nombramiento del dictador no eran previamente interrogados
los Comicios; esta fue la principal causa por la que la lucha de la
ciudadanía por conquistar una posición verdaderamente soberana y
superior a la magistratura, se concentró especialmente en el cargo de
que se trata. En tiempo de la guerra de Aníbal se sometió la dictadura
a la elección de los Comicios, con lo que se precipitó el fin de
la institución, porque con ello fue desposeída de la significación
política que tenía, y no conservó más que su odiosidad. Los poderes
extraordinarios que posteriormente solían introducirse bajo el mismo
nombre de dictadura no tenían relación verdadera con esta.
La dictadura podía extender su acción territorialmente tanto al círculo
donde funcionaban los magistrados de la ciudad como al de la guerra.
Como ya se ha dicho (pág. 218), los límites de la duración de este
cargo estaban fijados de una manera más estricta que los de la
magistratura suprema regular; el dictador, una vez desempeñada la
misión que se le hubiese encomendado, había de resignar su cargo, el
cual se extinguía por ministerio de la ley, tanto cuando cesaba en sus
funciones el cónsul que le hubiera nombrado, como también una vez que
hubiesen transcurrido seis meses desde que se hiciera el nombramiento.
No solo los derechos honoríficos del dictador eran los mismos que los
del cónsul, sino que el primero llevaba doble número de fasces que el
segundo (pág. 232); más, por consiguiente, de las que en su día llevaba
el rey.
Tenía la dictadura una particularidad, que se explica, no obstante,
por el mismo carácter extraordinario que revestía el cargo; esa
particularidad consistía en corresponder por derecho político al
dictador la plenitud del poder, y, sin embargo, limitarse de hecho a
ejercer facultades determinadas. Pues, mientras por derecho podía el
dictador desempeñar cualesquiera y todos los asuntos propios del cargo
consular (desde el momento que el dictador existía por el cónsul,
carecía, como este, de atribuciones jurisdiccionales), en cada caso
concreto se le nombraba para que desempeñara un negocio determinado.
Es muy verosímil que el nombramiento se hiciera predominantemente para
la dirección y práctica de la guerra, pues principalmente en esta
es donde se notarían del modo más sensible, en el riguroso sistema
antiguo, las desventajas de la colegialidad, y por eso el remedio que
al efecto ofrecía la dictadura es seguro que hubo de aplicarse con
mayor frecuencia de lo que nos dice la tradición. Así lo indica ya la
misma denominación _magister populi_, singularmente comparándola con
su correlativa _magister equitum_, y más todavía la particularidad
de que todo dictador estaba obligado a nombrar a este jefe de la
caballería, cargo que no existía con el consulado. Por lo que a la
competencia se refiere, adviértese la tendencia a librar al dictador,
el cual desde luego no estaba sometido a la colegialidad, de todas
las demás trabas legales que se habían puesto a las magistraturas
republicanas, y aproximarle al rey: así, al jefe de la caballería,
a pesar de ser nombrado por el dictador sin la cooperación de los
Comicios, se le consideraba como poseedor de un _imperium_ propio
igual al del prefecto de la ciudad; el dictador estaba exento de la
rendición mediata de cuentas a que daba lugar la institución de la
cuestura; originariamente, no se reconocía provocación ni tampoco
intercesión tribunicia contra el derecho de coacción y penal ejercido
por el dictador dentro de la ciudad; la intercesión de los tribunos del
pueblo con respecto al dictador fue abolida muy luego, según parece
a mediados del siglo V de la ciudad. La dictadura fue considerada
siempre, y no sin razón, como una institución monárquica dentro del
sistema republicano, y envolvía el retorno a la Monarquía, si bien más
de nombre que de hecho.